Junto a las diferencias entre el presidente Fox y su sucesor Felipe Calderón hay rasgos comunes en su ejercicio del Poder Ejecutivo. Uno de ellos es la inclinación a responsabilizar a los partidos, por sí mismos y a su representación parlamentaria, de no sólo falta de colaboración sino incluso de obstrucciones que impiden gobernar. La semana pasada, en las sesiones del Diálogo por la seguridad, Calderón retomó ese ritornelo. Sus opositores le han dado una pronta y ríspida respuesta, donde le muestran cómo, a diferencia de lo que asegura la queja presidencial, el Congreso ha aprobado cuanta iniciativa envía el Presidente y que debe atribuirse a éste el uso deficiente de las nuevas herramientas y facultades para el combate a la violencia criminal.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado -que en este receso encabeza también la Comisión permanente-Carlos Navarrete hizo una reivindicación del trabajo de su cámara al enumerar 17 iniciativas presidenciales que han sido aprobadas en Xicoténcatl. De paso puso en evidencia a la Cámara de Diputados, donde permanecen pendientes 10 minutas sobre proyectos que ya cuentan con la aprobación senatorial.
Aunque su postura frente a Calderón se formuló en un boletín del grupo parlamentario del PRD, Navarrete parecía estar hablando en nombre del Poder Legislativo, Así lo denotó al recordar que "el Congreso de la Unión ha otorgado al Gobierno Federal los instrumentos legislativos muy importantes en materia de seguridad, como la ley de extinción de dominio, y reformas contra el 'lavado' de dinero. Sin embargo, el Ejecutivo ha utilizado parcialmente esas herramientas para el combate al crimen organizado". En ambas circunstancias, se trata de "frenar y minar las bases económicas" de las bandas delincuenciales, pero "ni en un caso ni en otro vemos que se ejecuten las cosas adecuadamente, ni que se utilice la ley".
La bancada del PRI en san Lázaro se manifestó por su parte en el mismo sentido, aunque en un tono más beligerante aún. Acusó recibo del momento y el escenario donde se produjeron las acusaciones presidenciales contra el Legislativo y salió al paso de ellas además de con datos duros, con alusiones críticas al proceder de Calderón:
"Con improvisaciones, ocurrencias, vacilaciones y procedimientos de consulta a modo, ajenos a las normas obligatorias para la planeación de las actividades de la función pública, no resolveremos asunto de esta magnitud. Es nuestra opinión que así sólo contribuiremos a la polarización social, a la crispación política o a la construcción de esquemas propagandísticos individuales que lejos de atender el problema, pretenden disimular errores o repartir culpas.
"Para nosotros, como legisladores priistas, el tema de la seguridad pública, la seguridad interior y en consecuencia la seguridad nacional que corresponde salvaguardar y preservar al Ejecutivo federal por disposición de la Constitución, es un asunto de la mayor importancia. Hemos cumplido puntualmente y lo seguiremos haciendo, sin dilación, ajenos a cuestiones partidistas y mucho menos electorales. Hemos discutido y aprobado nuevas piezas legislativas en todos los temas sugeridos por el Ejecutivo federal o por legisladores de ambas cámaras, así como los presupuestos que ha solicitado el Ejecutivo".
De manera contundente, a partir de esas afirmaciones los diputados priistas niegan que el Ejecutivo tenga "argumentos...para quejarse de las respuestas del Poder Legislativo a sus demandas", como lo prueba a su entender el número no escaso de iniciativas aprobadas por el Congreso, algunas de las cuales no han sido publicadas por el Ejecutivo, lo cual le reprochan. Y de allí pasan a su vez a la crítica al Ejecutivo:
"Nos preocupa que pese a los esfuerzos realizados, la presencia del glorioso Ejército mexicano, el despliegue de la Marina-Armada de México y la construcción de una Policía Federal cada vez más costosa, con instalaciones, equipos sofisticados, armamento de vanguardia y todo tipo de apoyos institucionales, el número de muertos en este país ha aumentado en la misma proporción en que lo hicieron los apoyos legislativos y volúmenes presupuestales autorizados a los órganos encargados de garantizar la seguridad pública en este país".
El tono de estas posiciones legislativas se explica en un doble contexto. Por un lado, el que Calderón haya ampliado el Diálogo por la seguridad hacia porciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones religiosas, dejando para después el intento de interlocución con los partidos y los grupos parlamentarios incomodó a éstos, que no obstante el desaire expresado ante la inicial convocatoria presidencial se sitúan como interlocutores privilegiados y aun exclusivos, ahora ellos objeto del desdén. Esta semana esa situación se paliará con la continuación de las reuniones sobre seguridad con los gobernadores y los coordinadores parlamentarios.
Por otra parte, dentro de los grupos y los partidos hay tensiones si no conflictos que afectan las posiciones públicas de sus personeros. El grupo parlamentario del PRD se ha achicado y en él no hay acuerdo con los modos aquiescentes mostrados por Navarrete en su relación con el Ejecutivo, por lo que le viene bien restablecer alguna distancia con Calderón. Del lado priista, se repite en esta coyuntura la habitual diferencia entre las coordinaciones en el Senado y en la Cámara. Cuando Beatriz Paredes rechazó la invitación presidencial a dialogar, Manlio Fabio Beltrones matizó esa posición yendo a Los Pinos.
