Detrás de la sorpresiva consulta convocada por la Comisión de Mejora Regulatoria entre las firmas fabricantes de alimentos sobre el reglamento para combatir la obesidad infantil en las escuelas, está una llamada de la Casa Blanca a Los Pinos.
La intención era protestar por lo que se calificó de "cruzada" contra firmas estadounidenses establecidas en México, en especial contra Coca Cola, la marca más emblemática "Made in USA".
Algunas versiones hablan de que la voz era de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
El caso es que en contrario a la ortodoxia, la Cofemer abrió una consulta a contrapelo de la realizada en su momento por las Secretarías de Educación Pública y Salud, en cuyo refuego se descalificó prácticamente el reglamento.
La lluvia de quejas hablaba desde el absurdo de identificar como genérica de papas fritas a la marca Sabritas, hasta la imposibilidad de modificar la producción para reducir envases y empaques, o de plano cambiar fórmulas.
En el camino se hablaba de la pérdida de miles de empleos; de la inutilidad de la medida sin reglamentarse la venta callejera de alimentos fuera de escuelas; de hacerse cargo el Gobierno de mitos en relación a la ingesta de féculas y harinas.
Ahora que de plano el Consejo Mexicano de la Industria de Alimentos de Consumo, conocido como ConMéxico, señaló que los lineamientos de la SEP y la Ssa carecen de sustento jurídico, al constituirse como un simple acuerdo secretarial.
Más aún, se señala que los titulares de Educación Pública y Salud no tienen facultades específicas para prohibir alimentos y bebidas en los planteles escolares.
De hecho se dijo que la medida atenta contra el Artículo quinto de la Constitución. Ubicado como el más firme opositor a la propuesta, el organismo aglutina a 45 empresas, 29 de las cuales fabrican alimentos y bebidas no alcohólicas. Ahí están, por ejemplo, Bimbo, Danone, Lala, Coca Cola, Pepsi Cola, Del Valle, Jumex, Barcel, Sabritas...
La paradoja del caso es que ConMéxico no tuvo una presencia activa en la fase de consulta previa para la elaboración del reglamento, lo que provocó más de un jaloneo con la SEP y la Secretaría de Salud. De hecho, en su momento debió intermediar la disputa el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Sánchez.
El caso es que del tamaño de la cargada habla la advertencia del secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, de que el Gobierno no estaba dispuesto a meter la reversa, por más que habló de un plazo de gracia para instrumentar las medidas.
En refuerzo de la postura entraron a escena la Comisión Federal para Prevención de Riesgos Sanitarios y la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, avalando la necesidad de evitar un problema de salud pública por el sobrepeso infantil.
Ahora que en los próximos días el Gobierno jugará dos de sus cartas fuertes: el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
El primero planteará una catarata de cifras sobre el costo de atender enfermedades crónico-degenerativas, que impide asumir otras prioridades. El segundo publicará desplegados en los que manifestará, al viejo estilo priista, su respaldo total a la estrategia... por más que le implique modificar la estructura de las cooperativas escolares que le "concesionó" el Gobierno.
De hecho, cuando se empezó a barajar el tema el SNTE se opuso frontalmente a cualquier posibilidad de reglamentación, lo que le ató las manos a la Secretaría de Educación Pública en la época en que la encabezaba Josefina Vázquez Mota.
Naturalmente, el favorcito se anotaría en la libreta de Elba Esther Gordillo. Ahí luego les mando la factura.
Ahora que en la contraofensiva se exigirá a la Comisión Federal de Competencia atacar frontalmente las exclusividades que pactan ya Coca Cola como Pepsi Cola en los colegios particulares.
Digamos que el último round será de escándalo, con puros pesos pesados en el cuadrilátero.
Las apuestas están parejas.
Aunque la posibilidad del concurso mercantil al que se acogió la semana pasada, previo acuerdo con el 100 por ciento de sus acreedores bancarios y el 98 de sus tenedores de bonos, le da un respiro para enfrenar su colosal débito, en la perspectiva se ve difícil que la cadena Comercial Mexicana pueda evitar el naufragio total.
De hecho, no se ven salidas sin vender su participación al 50 por ciento en la cadena mayoritaria Costco y a su cadena de restaurantes California, además de algunos terrenos en que están sus tiendas.
Por lo pronto, la firma expedirá bonos de deuda por un global de 8 mil 860 millones de pesos a una tasa de interés equivalente a la interbancaria estimada, más de 250 a 400 puntos-base.
Antes de pactar la reestructura, la Cómer se había estrellado dos veces en la pared en su propósito de ingresar a un concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada.
CRECE CHICO PARDO
Latente la posibilidad de que el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco o la Controladora Mexicana de Aeropuertos adquieran la participación de las empresas españolas AENA y Abertis en el Grupo Aeropuertuario del Pacífico, el socio principal del Grupo Aeropuertuario del Sureste, Fernando Chico Pardo, está dando un paso más para mexicanizar la compañía.
Su intención es comprarle la participación en el paquete de control a Copenhague Airports.
De hecho, ya planteó la solicitud respectiva ante la Comisión Federal de Competencia, quien cuenta con tres semanas a partir del 12 de julio para emitir su respuesta.
SE AMPARA ELI LILLY
Quien planteó ya una solicitud de amparo contra una resolución de la Comisión Federal de Competencia es la firma farmacéutica Eli Lilly de México, bajo el argumento de que la instancia viola la Constitución al actuar como juez y parte.
Como usted sabe, la CFC le impuso una multa a ésta y cinco firmas del ramo por prácticas monopólicas absolutas, en el supuesto de coludirse para turnarse el triunfo en licitaciones convocadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
De acuerdo a la investigación de la instancia encabezada por Eduardo Pérez Motta, las empresas planteaban, de común acuerdo, posturas ganadoras y perdedoras, calculando las apuestas de los competidores.
OTRA PARA CANADÁ
Dueñas ya del 43 por ciento de las minas mexicanas productoras de metales preciosos, con énfasis en oro, las empresas canadienses siguen aumentando su participación en el país.
El turno, ahora, es para la firma Bowmore Exploration con sede en Québec, quien acaba de firmar un acuerdo de opción para adquirir el 70 por ciento de una mina de oro localizada en Sonora, conocida como Natura-South.
El terreno alcanza 24 mil 281 hectáreas.
