La campaña difamatoria que señala al Gobierno Federal, como protector de Sergio Villarreal alias "El Grande", cae por su propio peso, porque el referido personaje está preso y en manos de la justicia, como resultado de un operativo realizado por el Ejército Mexicano y la Policía Federal.
Sergio Villarreal es parte de una familia respetable de la ciudad de Torreón, que sufre la desgracia de que uno de sus miembros se vea implicado en el narcotráfico, con el consiguiente sufrimiento de sus padres y hermanos.
El consumo y tráfico de drogas es un cáncer que destruye el tejido social y en el caso concreto, el tema ha dado pie a una campaña de desprestigio en contra del Senador por Coahuila Guillermo Anaya, que resulta lógico asociar al proceso eleccionario que tendrá lugar el año próximo para renovar el Gobierno de Coahuila.
En la edición de la revista Proceso del 4 marzo de 2007, un reportero de Saltillo filtró una información según la cual, en el bautismo de una hija de Guillermo Anaya, habrían coincidido el hoy Presidente Felipe Calderón y Sergio Villarreal, lo que ha servido como argumento de ataque a los adversarios políticos del Presidente Calderón y del Senador Guillermo Anaya.
El artículo publicado ofrecía visos de aparente realidad, porque vinculaba al Senador con Villarreal por medio de elementos indirectos, medias verdades y mentiras completas, como suele ocurrir en ese tipo de reportajes.
Guillermo demandó al informante saltillense por difamación y después de tres años, el día 12 del mes de octubre pasado Anaya ganó el pleito, al obtener de la Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Coahuila una sentencia dictada en el Toca Civil 210/2009, contra cuya resolución no cabe ningún recurso. El Tribunal declara que el reportaje es difamatorio y calumnioso, ordena la publicación de un resumen de la propia sentencia en la misma revista Proceso y en otros medios de comunicación y obliga a reparar el daño moral causado al Senador Guillermo Anaya con motivo del ilícito. En la actualidad, la sentencia está en vías de ejecución.
A pesar de tales antecedentes, o tal vez precisamente por éstos, la revista Proceso de esta semana hace un refrito del reportaje original que ha desatado en los medios de comunicación de Saltillo y de otras partes de Coahuila, una campaña sobre el mismo tema en contra de Anaya, actualmente considerado posible candidato del Partido Acción Nacional a la Gubernatura de Coahuila en las próximas elecciones.
La campaña cuyo comentario nos ocupa acusa rudeza innecesaria, porque teniendo Moreira el control del Estado y muy altas probabilidades de conservar el poder, pareciera que no fuera suficiente y se pretenda llegar en Coahuila hasta la aniquilación, la muerte civil de todo opositor serio, lo que entraña un peligro que amenaza nuestra vida pública y choca con los principios de cualquier sistema que se precie de republicano y democrático.
Lo peor en el caso es que el mal ejemplo cunde y la sospecha de alianza de políticos con el narco está siendo utilizada como arma arrojadiza de todos contra todos. Esta dinámica perversa hace el juego al crimen organizado en la guerra que los cárteles de la droga sostienen entre sí y en contra tanto de las instituciones de nuestro país, como de la sociedad mexicana en su conjunto.
Lo que podamos esperar de los políticos o de los medios de comunicación como fuentes y difusores de información es responsabilidad de ellos, pero de cada uno de nosotros como ciudadanos y de nuestra capacidad crítica para juzgar sobre la calidad, veracidad y pertinencia de las noticias que recibimos, depende el triunfo o fracaso de la Verdad, frente a la mentira, la calumnia y la difamación.
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