Cuarenta y cinco días después de que la Suprema Corte de Justicia avalara la resolución de un tribunal colegiado laboral declarando nula la relación entre el Sindicato Minero y el Grupo Industrial Minera México, la Policía Federal Preventiva tomó las instalaciones de Minera de Cananea.
El golpe, en cuyo parte se habla de varios heridos, tres de ellos de bala, además del incendio a una oficina externa de la empresa, por más que oficialmente se presume de saldo blanco, lo procedieron, a partir de febrero en que se emitió la resolución impugnada, tres visitas del ejército, a pretexto de buscar explosivos.
La presunción de los cuerpos de inteligencia, digo, es un decir, del gobierno, hablaba de que los integrantes de la Sección 65 del sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia en poder de la mina desde hace tres años, estaban dispuestos a volarla antes entregarla. Primero mártir que sometido.
La paradoja del caso es que el desalojo lo avaló una orden judicial en respuesta a una denuncia por supuesto sabotaje a las instalaciones eléctricas de la principal productora de cobre del país.
Lo sospechoso del caso es que el operativo se haya realizado casi simultáneamente a otro para devolver la mina Pasta de Conchos a la concesionaria, tras un largo paréntesis provocado por un accidente que le costó la vida a 65 trabajadores, en lo que se calificó como "homicidio industrial".
Coahuila y Sonora, PRI y PAN, en embate de pinzas.
Dos por uno, pues, para el Grupo Industrial Minera México. Por lo pronto, el golpe dividió a la opinión pública, entre quienes opinan que se dio en el momento más inoportuno, dada la expectación por la aplazada resolución de la Suprema Corte sobre la legalidad o ilegalidad de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, a cuya vera lleva ya más de 40 días una huelga de hambre de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, y quienes lo consideran acertado, por más que tardío. Otra vez, pues, no funcionaron los reflejos del Gobierno. El problema para la causa de Gómez Urrutia y demás, es que la percepción generalizada habla más de una causa personal que colectiva. La empresa insiste que el pliego petitorio para levantar la huelga exigía el que se levantaran los cargos contra el dirigente por la presunta malversación de 55 millones de dólares que debieron prorratearse entre los trabajadores de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea, además de una "indemnización" de 100 millones de dólares por "daños y perjuicios".
El escenario colocó a la población de Cananea en calidad de pueblo fantasma, dado que su economía giraba en torno a la factoría. Sus servicios externos, sus hospitales, sus escuelas, sus comercios...
De hecho, un diputado priísta con jurisdicción local llegó a plantear una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo destino se desconoce.
Más allá, se habla de represión contra publicaciones contrarias a la huelga, concretamente el hebdomadario "Proyección", cuyos espectaculares en la población fueron incendiados, y cuyo director, Martín Camargo Balbuena, se queja de amenazas de muerte, golpizas y proyección de videos infamantes en su contra.
La revista circula desde hace 22 años.
Aunque la personalidad del presidente del Grupo Industrial Minera México, Germán Larrea Mota Velasco, no le daría un premio de popularidad, en más de media docena de ocasiones el poderoso Consejo Mexicano de Hombres de Negocios le había exigido al presidente Felipe Calderón que se le devolvieran las instalaciones a la empresa, al agotarse los asideros jurídicos del sindicato.
Más aún, el asunto estaba enlistado permanentemente en la orden del día de las reuniones de la Cámara Minera.
Colocadas las banderas rojinegras en abril del 2007, bajo el alegato del sindicato de graves violaciones a las normas mínimas de higiene y seguridad en la mina, la firma se allanó rápidamente a las demandas, lo que originó una primera declaración de inexistencia de la huelga, que se derribaría en los tribunales.
El ping-pong se volvió constante.
Finalmente, en base a un informe de la Secretaría de Economía, cuya vela en el entierro se la otorga el manejar las concesiones en actividades extractivas, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró el 11 de febrero pasado rotas, nulas, pues, las relaciones entre la empresa y el sindicato.
Según el documento, durante el periodo de huelga los integrantes de la Sección 65 habían causado destrozos que volvían inviable la operación de la mina. Se hablaba de robo de cables; de desconexión de pozos; de descomposturas en maquinaria y equipos...
La firma, pues, quedaba en opción de despedir a la totalidad de los integrantes del sindicato minero y recontratar a algunos de ellos en su caso, sólo que a condición de afiliarse a un nuevo sindicato.
Gómez Urrutia y demás se jugarían infructuosamente su última carta en la Suprema Corte, por más que se habla de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo pronto, la posibilidad de una reacción desesperada del sindicato mantiene en suspenso el viaje presidencial al Mundial de Sudáfrica, en un escenario en que la Confederación Nacional Campesina hablaba ya de 50 organizaciones en ruptura de sus relaciones con el Gobierno por la medida, en tanto la Unión Nacional de Trabajadores está convocando a movilizaciones en todo el país.
¿Gasolina al fuego?
Ave de tempestades, el presidente del Comité Empresarial México-Estados Unidos del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Eugenio Clariond Reyes Retana, dio una vez más la nota en el cónclave organizado por éste en Mérida. El ex presidente de Industrias Monterrey señaló que tanto el ex presidente Vicente Fox, como el actual, Felipe Calderón, sabían qué querían al llegar a la silla, pero desconocían los objetivos del Gobierno.
A ello, pues, el bache del país.
Días antes, como recordará usted, el empresario había señalado que la guerra contra el crimen organizado estaba perdida, al librarla el Gobierno con un ejército mal preparado, mal equipado y mal pagado.
TLC'S A GRANEL
Sin haberse concretado aún la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Brasil, y a contrapelo de la oposición frontal de los industriales, la Secretaría de Economía está abriendo ya otras alternativas.
La lista la encabeza Perú.
En paralelo, se habla de "profundizar" la relación comercial con Panamá, República Dominicana, Cuba, Ecuador, Paraguay y Argentina.
La exposición de motivos señala que los 12 tratados previos con 44 países, han provocado un impacto positivo en la economía del país.
A quién le importa si la balanza comercial, alcanza ya un saldo negativo en 32 de los 44 países, es decir les compramos más de lo que les vendemos.
A quién le importa si el escenario no ha logrado reforzar la planta de empleos, cuyo rezago de plazas alcanza 8.4 millones.
A quién le importa la falta de estrategia.
Más, pues, de lo mismo.
