"Salvaguardar los derechos de los demás es el más noble y hermoso fin del ser humano".
Kahlil Gibran
Un artículo publicado en el New York Times el 1o de agosto se asombra de que una ciudad que se promueve a sí misma como "capital en movimiento" permita a cualquiera bloquear las calles cuando quiera. "Esta capital no está para nada en movimiento", reflexiona Elisabeth Malkin.
La corresponsal entrevista a Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, quien señala: "En nuestro país hay un derecho constitucional a manifestarse". Quizá no entienda que este derecho existe en todos los países democráticos del mundo, pero en ninguno se considera aceptable bloquear de manera cotidiana el tránsito de los ciudadanos.
El artículo señala que en los tres primeros meses de este 2010 hubo 740 manifestaciones callejeras en la ciudad de México, un promedio de ocho y medio cada día. Nadie ha calculado el costo que estas acciones tienen en la actividad económica de millones de personas. Al final el taxista que pierde el día de trabajo, el estudiante que no alcanza a llegar a su examen profesional, el desempleado que pierde su entrevista laboral, el paciente que pierde la quimioterapia por la que ha esperado tres meses o el enfermo que muere en la ambulancia inmovilizada son daños colaterales normales en un juego montado para beneficiar a los políticos y a sus grupos de presión.
El Gobierno de la ciudad, encabezado por un político con aspiraciones presidenciales, tiene más interés en quedar bien con los manifestantes que con los ciudadanos. El PRD, como su antecesor el PRI, es un partido corporativista que basa su poder en el control de grupos políticos. Para lograr mayores espacios de poder es importante negociar con los Bejaranos, los Panchos Villas, los Antorchista, los Atenquistas o los SMEsistas. Los ciudadanos comunes y corrientes no son importantes. Su papel se reduce al pago de impuestos que permite a los políticos jugar su juego.
El Gobierno del Distrito Federal, cuando era encabezado por Alejandro Encinas, no sólo toleró sino que respaldó un plantón de seis semanas de Andrés Manuel López Obrador en pleno Paseo de la Reforma. Las pérdidas económicas para los negocios de la zona ascendieron a miles de millones de pesos. Cientos de personas perdieron sus empleos. López Obrador y sus simpatizantes no tenían problemas, por supuesto, porque reciben ingresos del sector público sean o no productivos.
Con una idea perversa de lo que es ser de izquierda, el Gobierno de Marcelo Ebrard mantiene esta estrategia. A la Policía la utiliza para proteger a los manifestantes. A los dirigentes los premia con dinero o ventajas políticas. Al final el sistema está hecho para favorecer el bloqueo de las calles a costa de los contribuyentes.
Este miércoles 4 de agosto hubo una serie de marchas en un Paseo de la Reforma convertido ya en manifestódromo. Ya nadie recuerda qué grupos eran o qué pedían: la saturación es excesiva. Lo importante es que se ha vuelto normal agredir a los ciudadanos en una situación que sería absolutamente inaceptable en cualquier país democrático del mundo.
El artículo del New York Times cita en su último párrafo al primer superintendente de la Policía capitalina Darío Chacón Montejo: "Todo el mundo tiene el derecho de manifestarse". Y sí, tiene razón, pero en ningún lugar se permite a quienes se manifiestan el violar de manera sistemática los derechos de terceros.
CONSTITUCIONAL
La Corte declaró ya constitucional el matrimonio entre homosexuales. No podía ser de otra manera. Nada hay en la Constitución que permita la discriminación en razón de la preferencia sexual. Falta definir la adopción de niños por parejas homosexuales. Ahí los asambleístas del D.F. cometieron un error: de no haberla introducido en la Ley, la adopción sería legal porque la Ley sobre adopción no discrimina a nadie. Otro tema que falta decidir es si los estados deberán reconocer los matrimonios gay.
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