Las autoridades colombianas capturaron a 34 personas, entre ellos cinco miembros del Ejército y dos policías, presuntamente integrantes de una banda que vendía armas y explosivos a las FARC, informó hoy la Fiscalía.
El ente acusador colombiano señaló que las detenciones se registraron en el marco de una gigantesca redada que se cumplió en 11 ciudades colombianas en las que actuaron conjuntamente la Policía, el Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
La operación desarticuló a la red que vendía presuntamente armas y explosivos a distintos frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Entre los detenidos hay cinco miembros del Ejército Nacional y dos de la Policía, a quienes se les iniciará un proceso administrativo para su desvinculación inmediata de las Fuerzas Armadas", precisó un comunicado de la Fiscalía.
Los 20 allanamientos se cumplieron en Barranquilla y Valledupar (norte), Caucasia y Medellín, en el departamento de Antioquia (noroeste), en Bogotá y Girardot, en el departamento central de Cundinamarca.
También en Villavicencio y Puerto Lleras, en el departamento del Meta (centro-este), en Cali y en Dagua, departamento del Valle, y en Pasto, capital de Nariño (suroeste).
En esas acciones las autoridades se incautaron de 11 cajas de granadas para mortero de 40 milímetros, un mortero de 60 milímetros, tres sistemas de visión nocturna, un detector de minas de última generación, accesorios para ametralladoras, fusiles y lanzadores de granadas, proveedores y munición de diferentes calibres.
También 250.000 dólares falsos en billetes de diferentes denominaciones.
A lo largo de un año de actividades de inteligencia, a esta banda se le incautaron en diferentes operaciones 27.000 balas, 59 granadas IM-26, 40 granadas de 40 milímetros, 26 culatas para fusil, 40 temporizadores para minas y 4 fusiles AK-47, material que supuestamente iba para diferentes frentes de las FARC.
"En ese lapso también fueron capturadas 10 personas e inmovilizados tres vehículos", reportó la Fiscalía.
Armas, dinero, balas y capturados pasaron a órdenes de un fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, que les imputará cargos por delitos de porte y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y concierto para delinquir agravado, entre otras.
