Entreverada entre la catarata de iniciativas aprobadas al cuarto para las 12 de finalizar el periodo de sesiones del Congreso, éste le dio el sí a una reforma que reconoce en letra de molde el derecho a la alimentación de los trabajadores.
Colocada en la mesa por la bancada priista, concretamente por la senadora María de los Ángeles Moreno, la propuesta logró una carambola de dos bandas al cosechar un evidente botín electoral, y de pasadita cumplir la amenaza de cortarle ingresos al Gobierno en castigo por no saber ejercerlos.
La posibilidad de instalar comedores en las empresas; reintegrar la alternativa de los vales de despensa, y reforzar las que se entregan en especie a los trabajadores, correrá con cargo al erario público.
La prestación será deducible de impuestos.
De acuerdo al cálculo de los expertos, la sangría para el Gobierno sería de 50 mil millones de pesos. Sin embargo, del otro lado de la moneda se alcanzaría un efecto virtuoso para la economía, al ampliarse el poder adquisitivo de los trabajadores; al impulsarse la productividad; al evitarse incidencias de enfermedades que golpean con más vigor el gasto en medicina social, y al darle continuidad a los programas sociales.
Casi el paraíso.
La iniciativa, avalada en su momento por una veintena de senadores perredistas, la aprobó la Cámara de Diputados un año después de que hiciera lo propio el Senado, tras una férrea resistencia de la Secretaría de Hacienda, secundada por la bancada panista. La operación la explica el que en las entretelas se resucita uno de los ejes más debatidos del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU): la imposibilidad de deducir las prestaciones alimentarias que otorgan las empresas.
De acuerdo al cálculo de los analistas, el 30 por ciento de los ingresos familiares se destina a la compra de comida, alcanzando en las familias pobres hasta el 40.
Lo cierto es que, a querer o no, el país estaba obligado a dar el paso, dado que el derecho humano a la alimentación, consagrado en el artículo cuarto de la Constitución, se establece en numerosos instrumentos internacionales que el país ha signado.
De acuerdo a estudios de la Organización Internacional del Trabajo, una nutrición deficiente está ligada al ausentismo, a las enfermedades y aún a los accidentes laborales, además de reducir hasta 20 por ciento la productividad.
En Brasil desde hace tres décadas se implantó un programa de alimentación para trabajadores que para muchos explica el gran salto de su economía.
Por lo pronto, la alternativa no discrimina a ningún trabajador, dado que apunta hacia quienes laboran en el ámbito público y privado. Tampoco distingue tamaño de las empresas, abriendo una ruta para que los sindicatos negocien con los patrones en el marco de los contratos colectivos de trabajo, en el entendido, decíamos, que la ley concede beneficios fiscales a quienes adopten la modalidad.
Ahora que el ordenamiento coloca una serie de candados para evitar simulaciones, entre ello la obligación de entregar un control documental del beneficio, además, naturalmente, de los comprobantes fiscales correspondientes.
La alternativa plantea varias posibilidades. Desde las comidas proporcionadas en comedores, restaurantes u otros establecimientos contratados por el patrón, hasta integrar un sistema administrado por terceros para el uso de vales impresos o electrónicos, pasando, desde luego, por la entrega de despensas, ya sea en directo o vía vales.
Y a lo mejor usted piensa que en nuestro país el escenario se abrió desde hace 30 años, vía el otorgamiento de vales de comida, instalación de comedores y entrega de despensas. El problema es que no existe ninguna disposición legislativa que permita la permanencia y continuidad de los programas.
Peor aún, como señalábamos, la reforma fiscal le cortó las alas a la posibilidad, al rechazar la deducción de ese tipo de gasto. La exposición de motivos de la iniciativa hablaba letra por letra de "contribuir a mejorar el estado nacional de la fuerza laboral, así como a prevenir enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud ocupacional".
Una de cal...
La condición impuesta por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para otorgarle a Teléfonos de México la posibilidad del triple play, es decir agregarle a su canasta de servicios el de vídeo, vía la televisión de paga, es que enfrente acciones a favor de la competencia. Estamos hablando de garantizar, entre otras, la plena interconexión con las redes de la competencia.
Lo curioso del caso es que la firma encabezada por Héctor Slim había ya pasado la aduana fijada por la Comisión Federal de Competencia, que le obligaba, entre otros puntos, a aceptar la portabilidad, es decir el derecho de los usuarios a cambiar de proveedor conservando su número.
Además, se firmaron convenios de interoperabilidad con las firmas rivales.
Aunque la mayoría de los analistas se inclina a que Telmex se integre la oferta de Dish que opera la cadena MVS, lo cierto es que tendrá canales propios con producción que se califica desde ya "de altura".
Estamos hablando de programas educativos y culturales.
Telmex ofrece televisión en media docena de países latinoamericanos.
SEGUNDO ACTO Aprobado por mayoría de priistas, petistas y algunos perredistas en la Cámara de Diputados un dictamen que reprueba el ejercicio de la Cuenta Pública del primer año de Gobierno del presidente Felipe Calderón, la Auditoría Superior de la Federación está en opción de presentar las querellas correspondientes de no haberse solventado a satisfacción las mil 300 observaciones planteadas.
El abanico hablaba de desvío de recursos hacia fideicomisos privados, en afán de acumular "guardaditos"; de ocultamiento de presupuestos; de subejercicios del gasto de inversión, y aún de desaparición inexplicable de partidas.
Las querellas podrán ser de carácter administrativo o penal.
REY DEL VIDRIO Sin haberse resuelto aún el litigio que entabló el Grupo Vitro contra Banamex, a quien acusa de acumulación ilegal, vía operaciones hostiles, de un porcentaje accionario del 13.2 por ciento, hete aquí que el conglomerado de Monterrey acaba de darle luz verde al directivo de éste, Alfredo Harp Helú, para adquirir hasta el 15 por ciento de su capital, lo que lo convertirá en mayoritario. Rey del vidrio, pues.
La familia González Sada, quien detenta el control, tiene el 14.39 por ciento del capital.
Harp Helú mantiene hasta hoy el 9.86, vía un fideicomiso.
Este es actualmente el accionista mayoritario de la cadena de tiendas Martí, que pertenecía a Alejandro Martí.
DIEZ AÑOS Fundada por tres mujeres audaces, Trini Vergara, Lidia María Riba y María Inés Redoni, la empresa V&R Editores acaba de cumplir su primer década en México.
La firma argentina produce básicamente libros de superación personal y consejos para mejorar la armonía familiar, colocándose en segmentos concretos de desarrollo humano integral.
El director general es Federico Catalano.
