En una de cal frente a las decenas de arena, aunque con retraso de seis meses, el presidente Felipe Calderón cumplió su promesa de plantear el endurecimiento de la legislación en materia de combate a las prácticas monopólicas.
La propuesta que circula entre la bancada panista del Senado, con la intención de llegar oficialmente al pleno al inicio del periodo ordinario de sesiones, incluye la posibilidad de cárcel para los infractores, además del uso de la fuerza pública para las empresas indiciadas que se nieguen a proporcionar información para el desahogo de una investigación.
Adicionalmente, entre las nuevas facultades que tendrá la Comisión Federal de Competencia está la de suspender en forma preventiva las prácticas monopólicas denunciadas durante el periodo que dure un procedimiento.
Lo curioso del caso es que la alternativa, al menos en los tres casos señalados, ya había sido planteada en una iniciativa presentada por dos senadores panistas, que naufragó ante la oposición de las cúpulas empresariales.
El refrito, sin embargo, viene con argumentos, en apariencia, más convincentes.
De entrada, la exposición de motivos señala que México no puede quedar al margen de las legislaciones en materia de libre competencia y concurrencia de la mayoría de las naciones avanzadas.
El rezago ha provocado una caída dramática del país en los niveles de competitividad, ubicándose en el escalón 60 de 134 países de acuerdo al Global Competitiveness Report; en el 46 de 57 en el World Corpotitiveness Yearbook; en el 56 de 181 en el Doing Business 2009, y en el 33 de 45, según el índice del Instituto Mexicano para la Competitividad.
De acuerdo al documento, la falta de competencia es un factor fundamental para frenar la competitividad en el país.
Más allá, de acuerdo al índice de Gine, México tiene una concentración de 46.1 en el ingreso, lo que implica que mientras el ingreso corriente monetario en pesos del decil uno de la población, es decir el más pobre se ubica en 3.3 por trimestre, en el décimo llega a 99.2.
Adicionalmente, se remite a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares que señala una grave pérdida de bienestar de los consumidores por problemas de competencia en siete mercados de bienes, concretamente refrescos, jugos y agua; cerveza, medicamentos, leche, carne procesada, pollo y huevo.
De acuerdo a la propuesta presidencial, las empresas que sean condenadas por una práctica monopólica absoluta, es decir el peor de los pecados previstos en la Ley Federal de Competencia Económica, serán sancionadas con una multa que podría llegar al equivalente al 10 por ciento de los ingresos acumulables para efectos del Impuesto sobre la Renta que haya obtenido en el ejercicio fiscal en que se cometió la falta.
Hasta hoy el castigo máximo previsto en la ley es el equivalente a 1.5 millones de salarios mínimos, es decir 84 millones de pesos.
Estaríamos hablando, en caso de empresas gigantes como Teléfonos de México, Cementos Mexicanos, FEMSA, Vitro, Televisa... de varios miles de millones de pesos.
Sin embargo, lo que en el papel pareciera el paredón para los infractores, en la práctica resulta apenas un simple latigazo.
En Brasil, por ejemplo, el monto máximo de la multa para casos similares equivale al 30 por ciento del total de las ventas anuales de la empresa en el banquillo.
En la Unión Europea el castigo es equivalente al 10 por ciento de las ventas anuales de la empresa monopólica, sólo que a nivel mundial, situación similar a la de Sudáfrica y Australia.
Ahora que la iniciativa señala sólo que habría cárcel para quienes, tras de ser sancionados, mantengan las mismas prácticas, sin consignarse específicamente la penalidad prevista, en un escenario en que en Estados Unidos y en Australia se plantean hasta 10 años de prisión; en el Reino Unido de hasta cinco, y en Brasil de dos a cinco.
La paradoja del caso es que México pretende actualizarse justo cuando la corriente mundial plantea la reversa, bajo el argumento de que darle más dientes a las autoridades de competencia, lejos de incentivar a los mercados daría incentivos perversos a un exceso persecutorio de efectos negativos.
Digamos que se está abandonando el concepto de súper agente antimonopólico, para dar paso a un sistema de contrapesos. La propuesta habla de la creación de un tribunal especializado e independiente que otorgue salvaguardas contra procedimientos no imparciales; que muestre mayor legitimidad en las resoluciones y sentencias, y minimice aquellas que se mantienen en proceso de apelación contra instancias legales superiores.
La fórmula la han adoptado países como Chile, Perú, Australia, Canadá, Israel, Japón, Bulgaria, República Checa, Alemania, Holanda, Portugal y Polonia.
Casi 20 años después de instalada la Comisión Federal de Competencia, pues, México se pretende actualizar... cuando la ruta ha cambiado drásticamente.
Como siempre, llegamos tarde.
Lanzada toda la carga contra la población por parte del aparato público, traducida en aumento en el costo de las gasolinas, la energía eléctrica, el gas LP, los alimentos, la cerveza, la televisión de paga, el Metro, el agua, el predial y los gravámenes en general, el pronóstico de los analistas más serios habla de una tasa de inflación para el primer mes del 2010 de al menos tres por ciento.
La cuesta de enero, pues, será la más empinada en la última década.
La gran pregunta es cómo le hará el flamante gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, para evitar que los niveles se salgan de madre ante la voracidad de su sucesor de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero.
¡ABRAN LAS PUERTAS!
Con la llegada del 2010 el país le abrió la puerta al ingreso libre de aranceles o impuestos de importación a una lista interminable de productos que en forma genérica incluyen aluminio, vidrio y envases metálicos.
La provisión, de acuerdo al criterio obtuso de la Secretaría de Economía, le permitirá al país ser más competitivo... aunque se mueran miles de empresas ante la imposibilidad, justo, de competir.
Ahora que en la catarata desaparece el arancel de 40 por ciento a los automóviles nuevos, quedando sólo vivos los de 3, 5, 7, 10, 15, 20 y 30 por ciento, según el precio de los vehículos, lo que colocaría un nuevo jaque a la industria establecida en el país.
La letra, dicen, con sangre entra.
MEXICANA A PIQUE
De acuerdo a la Dirección General de Aeronáutica Civil, las líneas aéreas perdedoras en el 2009 fueron Mexicana de Aviación y Volaris.
La primera dejó en el aire seis puntos de mercado, y la segunda siete.
En contraste, Aeromar, Interjet, VivaAerbus, y Magnichartes crecieron 1.8, 3.3, tres y 2.3 por ciento.
Aeroméxico ganó a su vez una rebanada de 1.64 por ciento. Hasta mayo pasado, cuando nos alcanzó el show gubernamental ante la epidemia de influenza, Volaris le ganaba la pelea a Interjet como la línea aérea de bajo costo más eficiente.
