En lo que representa la parte más sustancial de la cosecha del periodo ordinario de sesiones del Congreso que finaliza hoy, la Cámara de Diputados aprobó, con enmiendas, la propuesta presidencial para reforzar la acción contra los monopolios.
De acuerdo a ésta, se le impondrán sanciones penales, léase cárcel, a los directivos o funcionarios de las empresas por incurrir en prácticas monopólicas absolutas, es decir, coludirse para imponer precios o fijar territorios; constituir oligopolios o concentraciones que distorsionen el libre juego del mercado...
El castigo oscilaría entre tres y 10 años de prisión.
Del otro lado de la moneda, empero, se rechaza la posibilidad de otorgar autonomía plena a la Comisión Federal de Competencia.
Digamos que se le afilan los dientes... y se le liman las uñas.
Y aunque se mantiene intacta la posibilidad de una multa máxima a infractores equivalente al 10 por ciento de sus ingresos, se acota el monto a los que obtengan al interior del país, lo que representa un respiro potencial para multinacionales como Teléfonos de México, Cementos Mexicanos, Grupo Bimbo, Televisa o Grupo Maseca.
Lo curioso del caso es que aprobado el dictamen con reserva de 20 artículos en lo particular durante la noche del miércoles, el presidente Felipe Calderón había dado por hecho el paso desde el mediodía.
Reunido con integrantes de la sociedad civil de Monterrey en la emergencia de la violencia desbordada, el Ejecutivo había anunciado que su propuesta ya había recibido luz verde en Comisiones, lo que lo convirtió en pitoniso.
¿Qué no el presidente de la República era el ciudadano mejor informado del país?
De hecho, el Congreso analizaba ayer la posibilidad de un extrañamiento por la precipitación.
Ahora que los tiempos también se le cuatrapearon al Centro de Estudios Espinosa Yglesias, quien había convocado en la fase previa a un panel de expertos a analizar la propuesta.
Las conclusiones llegaron al cinco para las 12.
Lo dramático del caso es que aunque en lo general se respaldaba la intención de endurecer las sanciones contra las prácticas monopólicas, se planteaban algunos puntos para enriquecer la iniciativa, a la que se calificaba de parcial en su alcance.
De entrada, se aducía que no se plantea la posibilidad de una política integral de Estado en la materia, que abarque las funciones y las atribuciones de todos los órganos de gobierno que afectan la competencia.
Adicionalmente, se señalaba una incongruencia entre la exposición de motivos y las propuestas planteadas, al no explicar cómo cada reforma atendería a los objetivos deseados.
Y aunque se aplaude la terminación anticipada de procedimientos, se considera que sería más efectiva si éstos se cierran desde su inicio mismo, acotándose la discrecionalidad de la Comisión Federal de Competencia.
Desde otro ángulo, se critica el que la propuesta presidencial planteara acotar el periodo del presidente de la CFC a sólo cuatro años, es decir la mitad de los actuales, lo que a su juicio debilita a la propia Comisión, sin fortalecer o ampliar la capacidad del pleno.
Más aún, se perdería la autonomía acotada de que goza la dependencia, y se le orillaría a su politización.
Y si bien también se aplaude la posibilidad de endurecer las sanciones, se aduce que éstas no son suficientes sin una adecuada y expedita aplicación, además de reglas claras para su determinación.
De hecho, se reprueba el que si bien por una parte se plantea un plazo de seis meses entre el inicio de un procedimiento y su resolución, no se planteen castigos para los funcionarios que no la emitan a tiempo.
Tampoco existió acuerdo entre los 12 expertos consultados, entre ellos el ex procurador de la Defensa del Consumidor, Carlos Arce Macías; el presidente del Consejo Nacional de la Competitividad, Roberto Newell, y el economista independiente Jonathan Heat, para que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se convierta en instancia de impugnación, lo que constituiría un retroceso jurídico.
La Suprema Corte de Justicia había suprimido la competencia de éste en la materia.
Sin embargo, el consenso apoya el que exista una instancia judicial de impugnación especializada en materia de competencia. De hecho, se habla de jueces de distrito especializados en materia de competencia.
Adicionalmente, se impugna el que la Comisión Federal de Competencia tenga facultades para solicitar información a particulares que no sean objeto de alguna investigación, entre otras cosas por la falta de transparencia en su manejo.
Finalmente, se reconoce que es correcta la posibilidad de una medida cautelar, es decir el cancelarse precautoriamente una práctica monopólica impugnada al inicio de una investigación, pero se reclama una regulación adecuada.
El problema, es que la catarata de sugerencias llegó tarde... por más que falta la luz verde del Senado.
En el insólito de la temporada, el juez Décimo Tercero de Distrito, Carlos López Cruz, emitió una sentencia de cuatro años con seis meses de cárcel, es decir con posibilidad de libertad bajo fianza, para el ex jefe del Departamento de la Tesorería de la Comisión Federal de Electricidad, Alejandro Morales Meade, a quien se había acusado de perpetrar un colosal peculado contra la paraestatal.
El monto se calculó en 280 millones de pesos.
El escándalo cimbró en su momento a la opinión pública, dado el procedimiento, es decir el robo hormiga de cheques expedidos por la empresa pública.
La mayoría eran pagos de nómina.
Y aunque éstos deberán resarcir el monto de lo sustraído, no existe la posibilidad de alargarles el castigo por insolvencia.
¿Todo el peso de la ley para funcionarios venales?
URGEN A LA SCJN Guardado bajo siete llaves frente a las acusaciones de inconsistencias tanto del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, como del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, la Cámara de Diputados envió un segundo exhorto a la Suprema Corte para que entregue completo el documento derivado de la investigación realizada por tres magistrados sobre el incendio en la guardería ABC de Hermosillo.
El llamado urge además a agilizar la redacción del dictamen final que prepara el ministro de reciente ingreso, Arturo Zaldívar, para presentarlo a la discusión del pleno.
Como usted sabe, el ministro ponente original era Fernando Franco, quien debió ceder la estafeta ante las acusaciones de incurrir en conflicto de interés.
TELMEX LA LIBRÓ Acorde con el trato otorgado por el Gobierno a los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Teléfonos de México logró librar la revisión contractual con un incremento salarial directo de 4.9 por ciento, más 1.9 en prestaciones.
La diferencia es que el acuerdo incluyó una serie de convenios de productividad con los trabajadores afiliados al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
La oferta habla de premios adicionales para quienes cumplan las metas previstas.
