A dos años de que la Constitución fuera reformada para darles mayor fuerza, las Auditorías Superiores de las entidades del país carecen de autonomía, facultades y recursos para vigilar el gasto público y aplicar sanciones por desvíos.
De acuerdo con un análisis de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS), que aglutina a los auditores de todas las entidades, sólo los órganos fiscalizadores de Querétaro y Veracruz cuentan con autonomía constitucional expresa para su gestión.
En atribuciones, ocho instancias no están facultadas para verificar las cuentas públicas de municipios, y sólo nueve pueden revisar el gasto de organismos autónomos.
Marco Cancino, experto del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), aseguró que las auditorías estatales no tienen "dientes".
"No son elefantes blancos, porque tampoco se han creado grandes estructuras burocráticas, más bien son 'vigilantes sin dientes', no tienen suficientes atribuciones para fiscalizar los recursos públicos estatales", señaló en entrevista.
Agregó que los organismos fiscalizadores sólo verifican entre 3 y 5 por ciento de los recursos ejercidos, cuando la muestra auditable de la ASF es de más del 8 por ciento y los estándares internacionales marcan que debe ser de 10 por ciento.
El estudio de la ASOFIS -organismo encabezado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)-, asegura que sólo en Tamaulipas e Hidalgo las entidades paraestatales son auditadas.
Además, indica que, salvo Nuevo León, ningún estado contempla auditoría de fideicomisos.
Expone que el Estado de México y Michoacán fiscalizan sólo entes públicos, cuando el resto puede verificar personas físicas y morales que hayan ejercido recursos públicos, y en 21 estados también a personas públicas y privadas.
Añade que 27 organismos presentan informe de resultados de manera trimestral. Sin embargo, para Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Morelos y Sinaloa no existen plazos establecidos.
La reforma al artículo 116 de la Constitución -que se llevó a cabo en 2008--, estableció que las entidades fiscalizadoras de los estados y el DF tendrían autonomía de gestión.
Juan Pardinas, director de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), afirmó que es fundamental fortalecer la autonomía y capacidad de las auditorías estatales, dado que ahora son las responsables de vigilar el proceso fiscal.
"Desgraciadamente, en muchos Congresos estatales, el hecho que haya pluralidad y representación de varios partidos políticos no necesariamente se refleja en una sólida división de poderes y un contrapeso real frente a la fuerza de los gobernadores", señaló.
ADMITEN DEBILIDAD
Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, reconoció, en entrevista, que a las entidades fiscalizadoras de los estados les falta autonomía e independencia para poder actuar de manera eficaz.
Incluso, aseguró que en algunos estados es perceptible la dependencia de los auditores hacia los gobernantes.
MARCO CANCINO
Experto del CIdac
