Ubicado como el negro de la feria, Pemex enfrenta 21 mil juicios de todos colores, sabores y olores que, de perderlos, le provocarían un daño patrimonial de 95 mil 300 millones de pesos, equivalente al presupuesto de tres secretarías de Estado.
El ramillete alcanza las ramas civil, mercantil, agraria, administrativa, ambiental y laboral, aún cuando del otro lado de la moneda la paraestatal ha promovido media docena de litigios de carácter penal.
Bajo este último prisma, en este caso por la vía civil, el más espectacular se ventila en Estados Unidos, involucrándose el registro de la marca Pemex por parte de una empresa norteamericana, en un escenario en que la paraestatal inexplicablemente dejó correr los trámites de registro.
Del otro lado de la mesa, la querella más cuantiosa la enfrenta contra un consorcio de capital mayoritario coreano, quien le ganó un procedimiento de arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio por supuestos vicios ocultos, en un contrato para reconfigurar y modernizar la refinería de Cadereyta, en Nuevo León.
La sentencia, en proceso de homologación con las leyes mexicanas, exige un pago de 450 millones de dólares, equivalentes a la cuarta parte del valor del contrato.
En orden descendente están seis juicios, cuya manzana de la discordia es la obstinación de la empresa Impulsora Jalisciense, propietaria de 51% del capital de Mexicana de Lubricantes, de no rendirle cuentas a la paraestatal en su calidad de socio minoritario.
Sin embargo, la firma propiedad de Salvador Martínez Garza, ha señalado que podía levantar unilateralmente sus reclamos si Pemex acepta participar en una asamblea general ordinaria de accionistas, en la que se pactaría algo así como cuenta nueva y borrón.
Los litigios se remontan hasta 2000, cuando la empresa pública decidió cortar unilateralmente una prebenda a la firma de capital mixto que le permitía exclusividad en la venta de sus aceites y lubricantes, en la red de gasolineras de Pemex.
Dos años después se plantaría una querella por administración fraudulenta contra la compañía que se privatizó a medias en 1993, al cierre del sexenio salinista.
En el tintero está además una demanda, de las siete planteadas por un grupo plural de diputados y senadores de la anterior legislatura, en contra de Pemex Exploración y Producción, objetando los llamados contratos de Obra Pública Financiados, conocidos también como Servicios Múltiples, que le permitieron a diversas empresas nacionales y extranjeras explorar y explotar en bloque yacimientos de gas natural en la Cuenca de Burgos.
Ganados seis litigios por la demandada, el último pendiente de resolver involucra a un consorcio integrado por Petrobrás de Brasil, Teikokú Oil de Japón y el Grupo Diavaz, a quien se "concesionó" la explotación del llamado Bloque "Cuervito". El litigio está radicado en el juzgado noveno de distrito en materia civil del Distrito Federal.
En otro terreno, Pemex Exploración y Producción enfrenta otro procedimiento ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por supuestos incumplimientos en un contrato de obra de dos plataformas en el complejo Cantarell de la Sonda de Campeche.
El promovente del juicio, es decir la Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, reclama 310 millones de dólares.
A su vez, la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex, Clientes o Empresas Sustitutas, demandó a Pemex Refinación por incumplimiento de un convenio signado con ésta.
Los daños reclamados son por la suma de mil 629 millones de pesos.
En la cascada está también una querella interpuesta hace tres años, concretamente en enero de 2006, por la firma Texas Gas de Toluca en contra de Pemex Gas y Petroquímica Básica, por el supuesto incumplimiento de un contrato para transporte de combustible por ducto.
El proceso se sigue también en la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París.
En el terreno ambiental, Pemex y su filial Pemex Refinación están demandadas ante el juez decimocuarto de Distrito del Décimo Circuito de Coatzacoalcos, Veracruz, por la supuesta afectación de un gigantesco terreno propiedad de un particular.
En este caso el reclamo es por dos mil 593 millones 960 mil pesos, en que se estima la remediación ambiental.
La tormenta, pues, está dura y tupida.
En lo que podría constituir el primer proceso de la tarde en una eventual aprobación de las reformas planteadas por el presidente Felipe Calderón a la Ley Federal de Competencia Económica, un grupo de industriales que requieren de vidrio plano para sus procesos, se están agrupando para plantear una querella ante la Comisión Federal de Competencia.
La presunción hablaría de una práctica monopólica absoluta, al integrarse en cártel las tres empresas hegemónicas del ramo para fijar precios.
Según ello, durante diciembre del año pasado se uniformó un aumento de 7% en el costo del producto; en enero de 8, y para marzo se hizo efectivo uno más de 8%.
BODA A LA FUERZA
A contrapelo de una reforma de ley que se cocina en la Cámara de Diputados para reordenar a los bancos de desarrollo, en afán de recuperar su tarea de fomento, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se está acelerando el viejo proyecto de fusionar a Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior. El pretexto habla de integrar a las intermediarias al proceso de austeridad emprendido por el Gobierno.
De entrada, se recortaría 18% de la actual plantilla del Bancomext, en un escenario en que se prevén ahorros presupuestales de mil 200 millones. El escándalo toca a la puerta.
SÁNCHEZ SOLITO
El próximo viernes 16 del mes que corre, finalmente, el pleno del Consejo Coordinador Empresarial emitirá sus propuestas para determinar la terna de la que saldrá el sucesor de Armando Paredes en la presidencia del organismo.
De acuerdo a la mecánica planteada, ésta saldrá de quienes reúnan mayor número de menciones.
La elección final la harán los presidentes de los siete organismos integrantes, con la exigencia de un mínimo de cinco votos a favor del elegido.
Las apuestas, empero, apuntan a que el presidente de la Concanaco, Carlos Sánchez, llegará como "candidato de unidad".
La toma de posesión del nuevo dirigente será el cuatro de mayo.
TALÓN DE AQUILES
El talón de Aquiles para el país, en la posibilidad de consolidar la incipiente recuperación económica, lo constituirá el turismo, en un escenario en que son ya cuatro las naciones que están alertando a sus ciudadanos sobre los peligros de visitarnos.
Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Francia y España.
La advertencia habla de un escenario de violencia sin límite.
