El gozo se le acaba de ir al pozo a Cementos Mexicanos, al revocar el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa, con sede en Nuevo León, un amparo otorgado por un juez contra una resolución de la Comisión Federal de Competencia.
Estamos hablando de una declaración de presunta responsabilidad planteada por la instancia en lucha contra los monopolios por el ejercicio de prácticas monopólicas relativas, concretamente el obstruir a la competencia.
El asunto se remite al viejo caso del barco-silo griego de bandera panameña, "Mary Nour", quien llegó hace cinco años a las costas de Tampico con la intención de descargar 27 mil toneladas de cemento ruso para el mercado interno.
El navío jamás pudo descargar la mercancía, ante diversas maniobras legales de la cementera para bloquearle el ingreso al puerto.
Abierto un proceso a petición de la parte afectada, es decir las firmas importadoras Ikron Holding, Consorcio para el Desarrollo Mexicano y Maquinaria, Carros y Equipos, la investigación se bifurcó en dos procedimientos: uno por las barreras jurídicas que impuso Cemex para evitar descargar la mercancía, y otra por una posible confabulación con otras cementeras para hacer causa común.
En este caso las coacusadas eran Holcim Apasco, Cooperativa Cruz Azul y Cementos Moctezuma.
Desahogada la primera parte de los procedimientos, la CFC emitió el año pasado dos oficios de presunta responsabilidad: una contra Cemex en lo particular, y otro contra ésta y las firmas señaladas.
El primero por presuntas prácticas monopólicas relativas; el segundo por absolutas.
El amparo que perdió Cemex lo protegía contra el finiquito del primer procedimiento.
La firma encabezada por Lorenzo Zambrano había realizado un primer intento en septiembre del año pasado al solicitar un amparo al juez tercero de Distrito en Materia Administrativa de Monterrey, quien le concedió una suspensión provisional, pero se negó a darle calidad de definitiva.
La exposición de motivos planteaba que, sujetado el procedimiento al marco de la Ley Federal de Competencia Económica, ésta no empata con la Constitución.
Según ello la instancia en lucha contra los monopolios actúa con facultades de policía, ministerio público, juez y aún tribunal colegiado, al revisar ella misma sus propias resoluciones.
Ahora que en las telas Cemex alegaba que CFC no habría visto la película completa, dado que su defensa jurídica no apuntaba a impedir la competencia.
Según ello, pues, el barco "Mary Nour" se instalaría permanentemente, a título de bodega, para recibir nuevos embarques, en uno de los muelles del puerto de Tampico, con lo que obstruía el canal de navegación hacia una de sus terminales.
El problema, pues, era de tránsito, no de competencia, en un escenario en que el cemento ruso se vendería a un precio ligeramente superior al del mercado local.
Sin embargo, la firma demandante demostró que barcos aún más grandes que los de Cementos Mexicanos podían pasar sin problemas por el lugar, por más que nunca se le dio opción a un peritaje técnico.
En paralelo, el alegato de Cemex apuntaba a que las firmas importadoras se habían metido entre las patas de los caballos al no objetar un amparo interpuesto contra la autoridad portuaria de Tampico por no cumplir la exigencia de realizar los estudios correspondientes en la fase anterior a autorizar el desembarco.
Lo curioso del caso es que en la fase previa a la disputa las relaciones entre los propietarios nacionales de la empresa en lucha contra Cemex estaban más que tersas. Los tres ejecutivos de la firma, encabezados por Ricardo Alessio, habían abierto, a su salida de ésta, una empresa constructora a la que abastecía la firma de Monterrey.
El problema se inició cuando empezó a competir con ella en proyectos para cambiar el asfalto de las calles por concreto hidráulico.
Cemex se negó a seguir surtiendo a la firma, con la novedad de que otras empresas del ramo lo harían... a cambio de un mayor precio.
Esa fue, pues, la motivación para iniciar la frustrada aventura de importar cemento ruso para autoconsumo... y de pasadita buscar clientes en el mercado nacional.
El "Mary Nour" se anclaría permanentemente en una Terminal del puerto de Tampico para hacer funciones de bodega, mientras se construía una terminal en forma.
El sueño se volvió pesadilla.
Por lo pronto, la cancelación del amparo que había logrado la firma hegemónica coloca a la Comisión Federal de Competencia en línea para cerrar el procedimiento, abierto con presunción de culpabilidad contra ésta.
El "Mary Nour", sigue navegando.
BALANCE GENERAL
Acicateado por las críticas de tibieza frente al peligro latente de que la mancha de petróleo provocada por un estallido en una plataforma instalada en el Golfo de México por la empresa British Petroleum alcance a nuestras costas, el secretario del Medio Ambiente, Rafael Elvira Quezada, amenaza con demandar a la firma.
Sin embargo, de acuerdo a los tratados internacionales en boga, el peso de la responsabilidad recaería en el Gobierno de Estados Unidos, para quien trabajaba la petrolera británica.
El caso es que según una disposición aprobada por el Congreso de ese país, lo más que puede erogar la Casa Blanca para la remediación frente a problemas similares, son ¡75 millones de dólares!
De hecho, se está discutiendo una enmienda para elevar el monto a 10 mil millones.
Sin embargo, los estragos del desastre se calculan en tres tantos más.
Por lo pronto, de prosperar la última acción en ensayo, se empujaría a la mancha hacia el fondo del mar... sin disolver el petróleo.
La marea, a la larga, arrojaría una suerte de bolas equivalentes a las de naftalina con el petróleo encapsulado, a las costas de Estados Unidos y México, a cuyo paso se desataría un desastre ecológico con la consiguiente tragedia para los pescadores mexicanos.
¿LUZ PRIVADA?
En lo que pareciera un temprano asomo de cola, en la antesala de que la Suprema Corte de Justicia decida si fue legal o no el golpe del Gobierno que extinguió a Luz y Fuerza del Centro, los productores privados de energía eléctrica están presionando una reforma constitucional para colocarle tienda de enfrente a la Comisión Federal de Electricidad.
Estamos hablando de modificar los artículos 27 y 28 de la Carta Magna para permitir la participación de los particulares en la transmisión, distribución y comercialización del energético.
Como usted sabe, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica aprobada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, permite la generación privada para autoconsumo, aún cuando prevé la venta de excedentes a la Comisión Federal de Electricidad.
El ordenamiento, como usted sabe, fue impugnado por la Suprema Corte, señalando que no hay posibilidad de que una ley secundaria rebase el ámbito de la Constitución.
El argumento de los generadores privados señala que la CFE no puede con el paquete, tras sustituir a Luz y Fuerza.
