El anuncio hecho por el gobernador de Chihuahua frente a la situación de violencia que prevalece en Ciudad Juárez, en el sentido de que cambiará la sede de los Poderes Públicos del Estado para ubicarlos en aquella ciudad fronteriza, es un acto de estéril demagogia que intenta ser un golpe mediático partidista del Gobernador, de cara a las elecciones locales del próximo cuatro de julio.
La medida se acompaña de un discurso de confrontación con el presidente Felipe Calderón al que el Gobernador acusa de no ser solidario con las víctimas de la violencia y de una petición de recursos públicos, nada menos que de tres mil millones de pesos, que José Reyes Baeza Terrazas exige del Gobierno Federal.
El discurso del gobernador Baeza vuelve a poner sobre la mesa el debate respecto a que el Gobierno mantenga la guerra contra el crimen organizado o deba pactar con los criminales, como algunos aseguran con cinismo y ligereza irresponsable que ocurría en el antiguo régimen de partido de Estado.
La alternativa del pacto resulta imposible bajo las actuales circunstancias de nuestro país, pues suponiendo sin conceder que en otros tiempos tal hubiera sido el comportamiento del sistema, lo cierto es que la redistribución del poder político que acabó con la Presidencia Imperial y convirtió a la mayor parte de los Estados de la República en feudos sometidos a gobernadores autócratas, ocurrió en forma simultánea a la multiplicación y reacomodo de los cárteles de la droga como efecto de la globalización.
Cada uno de los cárteles se parapetó en apartados regionales infiltrando las organizaciones policiacas, lo que potencializó la peligrosidad y los alcances del fenómeno e hizo del conjunto una hidra de muchas cabezas que hoy pelean el control del mercado de la droga barrio por barrio y manzana por manzana. Lo anterior supone que si alguna autoridad quisiera arreglarse con el narco, tendría que hacerlo con la totalidad de los cárteles satisfaciendo sus respectivos intereses o de plano aliarse con algún cártel en contra de los demás, por lo que ambos escenarios resultan inmorales a la luz de la ética e insostenibles desde el punto de vista práctico.
De hecho la guerra contra el narcotráfico no inició con Felipe Calderón sino que data de al menos cuarenta años atrás. La iniciativa es de la delincuencia organizada, la Sociedad y el Estado son los agredidos y el actual Presidente sólo fue el encargado de anunciar al pueblo el paso de uno a otro nivel de intensidad al inicio de su gestión, cuando la nueva realidad estaba encima.
Por otra parte, los mexicanos hemos luchado por dotar de vigencia a un federalismo que durante años fue letra muerta en la Constitución sin embargo, la descentralización de facultades de Gobierno y el flujo de recursos públicos sin precedentes de la Federación a los Estados, lograda a raíz de la alternancia, lejos de fortalecer a las instituciones las ha debilitado. Lo anterior porque los gobernadores no asumen la responsabilidad que el aumento de los recursos que reciben implica y al contrario, se han convertido en reyezuelos autoritarios al interior de los estados e insolentes frente al poder central, en la medida en que viven culpando al Presidente de los males que aquejan a la Patria y esconden la cabeza frente a los problemas incluida la inseguridad, al tiempo que exigen más y más dinero que dilapidan en mantenerse en el poder, como si ignoraran que la obtención de tales recursos su asignación y gasto, dependen no del Ejecutivo Federal, sino del Congreso de la Unión controlado por una mayoría priista.
Como resultado de finanzas públicas deficitarias que derivan de la oposición a las reformas fiscal y energética, las empresas y las familias mexicanas nos hemos acostumbrado a hacer más con menos, mientras los gobiernos exigen más recursos que gastan de manera irresponsable en abultadas nóminas burocráticas que operan como tropas electorales al servicio de intereses de grupo o facción, y en la promoción de imagen, porque como dice con acierto Carlos Monsiváis, para nuestra clase política gobernar es anunciarse.
En este marco se explica que José Reyes Baeza tenga el atrevimiento de pedir tres mil millones de pesos extra, sin antes sugerir de dónde saldrán, ni decir en qué ni cómo piensa gastarlos.
El pretendido traslado de los poderes en Chihuahua no tiene sentido, porque el Gobierno está obligado a garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio del estado cualquiera que sea su sede y ante la imposibilidad de hacer sede de los poderes públicos la totalidad del territorio, la mudanza de un lugar a otro resulta inútil.
En lugar de aventurarnos según la ocurrencia de cada quién, cualquier posibilidad de enfrentar al crimen organizado en nuestro país exige cerrar filas en aras de una regeneración social y política que propicie la unidad de los mexicanos en la diversidad plural que nos es propia, en cuyo objetivo tenemos que trabajar todos con independencia de color o partido, desde el Presidente y Gobernadores hasta el más modesto ciudadano.
Esta regeneración requiere el funcionamiento eficiente de las instituciones de suerte que los estados dejen de ser feudos particulares y por el contrario, se reintegren a la Federación como entidad cuya fortaleza permita planear y llevar a cabo en conjunto, una estrategia preventiva de combate al consumo y tráfico de drogas que además de la defensa armada que por el momento resulta ineludible, incluya políticas públicas de apoyo al desarrollo humano integral.
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