Exigida por la Secretaría de Energía a Petróleos Mexicanos una meta de producción diaria de 3.3 millones de barriles para el 2025, la Comisión Nacional de Hidrocarburos está chicoteando a la paraestatal para apuntalar su tarea de exploración y producción.
La carrera habla de triplicar el número de campos en aguas someras que se operan actualmente; de aumentar a 259 el número de campos terrestres en explotación y operar 41 campos en aguas profundas del Golfo de México.
El reto del siglo frente a la modorra de la paraestatal. Bajo el nuevo escenario, casi el paraíso, dentro de 15 años el país tendría 870 campos terrestres; 365 en aguas someras y 41 en aguas profundas.
La exigencia habla de extender el horizonte hacia el largo plazo, tras reconocerse que los niveles de inversión en exploración son insuficientes; no existen programas de recuperación secundaria, y no hay capacidad de ejecución.
Dicho más claramente, Pemex ha privilegiado la producción de crudo en el muy corto plazo a costa de la producción y la creación de valor a largo plazo, estrategia que resulta insostenible.
La agenda diseñada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos plantea seis retos específicos:
- Definir y transparentar la metodología par la conformación de un portafolio de inversión con visión de largo plazo en materia de exploración y producción.
- Mejorar el mecanismo de rendición de cuentas a nivel proyecto de inversión o activo, acreditando su viabilidad técnica ante la instancia y siendo capaz de generar su propio fondeo en el mercado de deuda, sin la garantía explícita o implícita del Gobierno Federal. La meta habla de caminar hacia una mayor autonomía presupuestaria.
- Multiplicar las capacidades de aprendizaje y de ejecución incorporando un proceso de evaluación y rendición de cuentas en cada una de las tres etapas básicas de cada proyecto: exploración, desarrollo y producción, y detonando las nuevas capacidades de ejecución generadas por la reforma energética.
- Desarrollar un plan general de incorporación y desarrollo tecnológico para la implementación de sistemas de recuperación secundaria y/o mejorada en la mayor parte de los campos del país.
El organismo le llama la atención de pasadita a Pemex por no incorporar aún proyectos de recuperación mejorada en los campos de Canderell y Ku-Maloob-Zaap, en la exigencia de ley de asegurar el máximo aprovechamiento de los yacimientos del país.
- Establecer un arreglo organizacional adecuado para la explotación de campos no convencionales o de alta complejidad geológica y petrofísica, como es el caso de Chicontepec.
De hecho, se habla de crear, como en otros países, una empresa filial específica para explotación de este tipo de yacimientos, con un estricto manejo de costos, dada la escasa rentabilidad que plantean. Como usted sabe, en promedio para ubicar un yacimiento en Chicontepec se requiere realizar un mínimo de 20 perforaciones en terreno difícil.
-Desarrollar un marco de regulación acorde a la nueva realidad de la industria. La posibilidad hablaría de permitir el diseño de una estrategia para revertir la caída en el nivel de producción, operando más de 40 campos en aguas profundas del golfo de México. Como recordará, bajo la reforma energética aprobada por el Congreso se planteó la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como instrumento para diseñar una Estrategia Nacional con un horizonte a 15 años.
La primera encomienda de ésta fue establecer las bases técnicas para una política de restitución de reservas y ritmo de exploración.
La gran pregunta, naturalmente, es si habrá tiempo de salvar a Pemex.
BALANCE GENERAL
La noticia es que la Suprema Corte, vía el ministro Sergio Valls, le dio entrada el miércoles de la semana pasada a la Controversia Constitucional planteada por una mayoría plural en el Senado, contra la decisión unilateral del gobierno del presidente Felipe Calderón de homologar las normas para certificación de la calidad de productos eléctricos y electrónicos en los Estados Unidos y Canadá.En el terreno práctico la medida implica que México dará por buena la certificación realizada por una y otra naciones en mercancías que ingresen al país. Golpazo, pues, al sistema de Normalización y Metrología del país.
El problema es tras su decisión de congraciarse con los países del Norte, el Gobierno le enmendó la plana olímpicamente a la Ley de Metrología y Normalización, tarea que en tal caso le correspondía al Congreso.
En su prisa, pues, por acatar una sugerencia de la Casa Blanca (¿o sería orden?) invadió funciones del Legislativo.
La paradoja del caso es que en lo que pareciera un mera culpa tardío, la Secretaría de Economía acaba de hacer una limpia de funcionarios involucrados en la decisión unilateral.
Hace un mes Francisco Ramos dejó su cargo de director general de Normas, y hace una semana hizo lo propio su segundo, no sabemos si con algún parentesco directo, Manuel Ramos.
Ahora que el numerito lo instrumentó el subsecretario Felipe Duarte.... con la bendición de su jefe, Bruno Ferrari y, más arriba, de Los Pinos.
BRASIL DE LA DISCORDIA
La integración de un bloque compacto de las cúpulas empresariales para oponerse a la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio con Brasil se resquebrajó hace unos días, cuando en una sesión del pleno del Consejo Coordinador Empresarial el ex presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio Xavier González, clamó por que se diera oportunidad al gobierno de plantear el esquema.
La perorata incomodó al actual presidente del organismo y dividió la opinión de los asistentes. La paradoja del caso es que la ventana se abrió justo cuando el Consejo Mexicano de Comercio Exterior encabezado por Valentín Díez Morado había logrado que la Secretaría de Economía apuntara hacia un acuerdo sectorial, es decir sólo las ramas estratégicas del país.
La oposición de las cúpulas apunta hacia el proteccionismo tradicional del país del Cono Sur, quien en un intento previo, hace 15 años, planteaba que México iniciara la ruta con un promedio de aranceles de 20 por ciento, mientras Brasil se situaría en 50. La mula, pues, no era arisca.
MOLINAR INTOCABLE
A casi dos meses de interpuesta en la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, por su presunta responsabilidad en el escenario que provocó la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, el expediente sigue dormido.
Planteada la querella por el presidente de la Comisión Especial que investigó el caso, el diputado perredista Emilio Ulloa, el 19 de agosto y ratificada el 23, la explicación del Ministerio Público Federal es escueta: "No hay avances".
Según ello el obstáculo es que está ilocalizable el funcionario en el banquillo.
Así como lo lee usted.
