El sábado pasado, los funcionarios titulares de los tres poderes constitucionales del estado de Chihuahua firmaron una carta abierta dirigida al presidente de la República, cuyo contenido merece la mayor atención. Su propósito era contradecir las críticas que formuló el secretario de Gobernación al nuevo sistema de justicia penal de ese estado. Críticas que a los funcionarios locales les causaron "asombro e indignación", pues pusieron en tela de juicio las modificaciones recientes que se hicieron al "andamiaje jurídico y usos y costumbres del sistema de justicia" en Chihuahua.
Lo primero que salta a la vista es la imprudencia política de esta nueva querella. Mientras el mundo entero está atento a la escalada de violencia que está desafiando al "estado grande" de México, los principales políticos de esa entidad (el gobernador del estado, el presidente del Congreso y el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia) parecen muy preocupados por eludir su responsabilidad ante el descontrol de los crímenes, a partir de su clasificación técnica. Para ellos, "el actual clima de violencia (...) deriva mayormente de la comisión de delitos del fuero federal por parte de integrantes del crimen organizado para consolidar el negocio del narcotráfico".
Para los gobernantes locales, la razón principal de la violencia que está azotando a Chihuahua no es asunto local (aunque esté ocurriendo en aquella entidad), porque su legislación les exime de afrontar causas que son federales. Si bien "la preservación de la seguridad, la paz pública y la contención de la violencia es (sic) responsabilidad de las fuerzas públicas de los tres órdenes de gobierno, las cuales fueron desbordadas por la violencia desplegada por el crimen organizado en casi todo el territorio nacional y ante lo cual usted recurrió al Ejército mexicano", según los gobernantes de Chihuahua "la función del Ministerio Público y los jueces es otra: procurar y administrar justicia". Lo que en otras palabras significa que para los tres funcionarios que firman el desplegado, enfrentar a los criminales que los desbordan acaso le corresponde al Ejército, pero no a ellos. Un tecnicismo feliz para salir del paso.
El agravio en contra de Gómez Mont nace, pero de las fuertes críticas que hizo el secretario de Gobernación a las reformas recientes a la legislación penal del estado, de las que sí son responsables. Pero son ellos mismos quienes explican las causas de la crítica que les ha ofendido. Dicen los agraviados: "Una parte significativa de homicidas y de secuestradores detenidos en el marco de la Operación Coordinada Chihuahua han sido vinculadas (sic) a proceso ante jueces de garantía y consignados ante el Ministerio Público Federal. Ciertamente algunos de ellos -añaden- han logrado obtener su libertad al no acreditarse su responsabilidad penal y en beneficio de las garantías procesales contempladas en la ley estatal y federal. Es de subrayarse, sin embargo, que la mayoría de estos casos se han presentado (sic) en el ámbito de la justicia federal, lo que está debidamente documentado".
Pero lo más grave no es la construcción de argumentos para eludir la responsabilidad propia a partir de criterios de índole burocrática (a nosotros no nos toca, le toca a los otros), cuanto la "precisión" de talante filosófico que postulan los autores del desplegado, según la cual "es absurdo atribuir a una concepción de la justicia, cualesquiera que ésta sea (sic, reiteradamente), la gobernabilidad o ingobernabilidad". Esta afirmación no sólo confirma la muy discutible formación académica de los abajo firmantes -que salta a la vista por los errores garrafales de ortografía y gramática que recorren el desplegado-, sino que revela una concepción alarmante de lo que significa la palabra justicia para los principales responsables del ejercicio de la autoridad en aquella entidad.
Para ellos, "ningún sistema de justicia está concebido (para contener la violencia, pues), su función es otra: investigar y sancionar los delitos que se cometen, esto es aplicar justicia al caso concreto". Y supongo que de ahí se desprende sin más que, si la consecuencia de esa lógica burocrática es el incremento de la violencia en las calles o la impunidad por razones de clasificación de los crímenes, los funcionarios locales seguirán afirmando que eso ya no es de su competencia.
Pero desde la arrogancia de sus poderes, los funcionarios de Chihuahua rematan diciendo, ajenos por completo a las circunstancias que les rodean, que están "convencidos que una parte medular de ese esfuerzo (en contra de la violencia en todas sus formas y expresiones) es la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (así, con mayúsculas), ya no sólo en nuestro Estado, sino en toda la República". Algo que, a la luz de los hechos, suena aterrador.
