El Gobierno chileno facilitará las ofertas de trabajo que distintas empresas mineras han dirigido a los 360 mineros afectados por el cese de actividades de la compañía propietaria del yacimiento en el que 33 obreros quedaron atrapados durante más de dos meses.
"Con eso cumplimos la palabra empeñada por el presidente (Sebastián Piñera) en el sentido de que estos trabajadores no van a quedar desamparados", dijo hoy el ministro de minería, Laurence Golborne, durante un acto público en Santiago.
Golborne fue también interpelado acerca de las críticas sobre los salarios ofrecidos, que algunos calificaron de miserables.
"Si alguien lo encuentra miserable, creo que es lamentable, creo que el trabajo es digno y el trabajar es la principal obligación que tenemos y el derecho que ojalá tuvieran todos los chilenos", dijo el ministro, que señaló que en Chile hay 600.000 desempleados.
Por otra parte, el ministro explicó que el interventor Jorge Quiroz, nombrado por la Justicia por acuerdo de los acreedores, "está haciendo todo lo posible por pagar cuanto antes" el finiquito al que tienen derecho los trabajadores, según ha quedado estipulado.
"Los trabajadores están primero en la lista de cobranza entre los acreedores de esta compañía", aseguró.
Además, recordó que los trabajadores de la Compañía Minera San Esteban, dueña del yacimiento San José, ya han recibido los sueldos de agosto y de septiembre, así como las imposiciones (seguridad social y salud) que estaban atrasadas.
En tanto, los trabajadores afectados volvieron a marchar hoy por las calles de la ciudad norteña de Copiapó para exigir que la empresa les pague el finiquito de una sola vez y no en doce cuotas como pretende la firma, que se encuentra en problemas económicos.
"Los 361 trabajadores de la empresa, incluidos los 33 compañeros rescatados, exigimos el pago inmediato de lo años de servicios", explicó Javier Castillo, tesorero del sindicato de esa compañía.
Por otra parte, el Consejo de Defensa del Estado analizará la posibilidad de que esa minera pueda pagar al Estado los costos del rescate, que ascienden a entre 10 y 20 millones de dólares, según anunció Piñera.
Asimismo, el Gobierno ha instaurado una comisión técnica para revisar la normativa legal y mejorar las condiciones de seguridad, aunque Golborne reiteró que la clave no reside en endurecer esas leyes, sino en cumplirlas.
Golborne señaló hoy que en Chile mueren en promedio 34 personas al año en el sector minero.
El 56% de estas muertes se produce en minas con menos de doce trabajadores, afirmó.
El Ejecutivo también busca aumentar en 2011 el presupuesto destinado a la fiscalización de las actividades mineras, que son la base económica del país, de forma que se pueda aumentar de los 18 actuales hasta 45 el número de inspectores en todo el país.
