Por falta de recursos ayer cerró sus puertas el Instituto Ciudadano para el Buen Gobierno de Torreón. Los consejeros honorarios del organismo habían emplazado al 15 de junio al Municipio para que les restituyeran los 250 mil pesos mensuales y continuar su operación. Sin embargo, el Municipio se negó a entregar los recursos.
La Contraloría Municipal dijo que la suspensión de recursos fue por observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado, sobre los gastos que hizo el Instituto de Buen Gobierno en el 2009.
Además, otra de las observaciones fue que el Instituto es ilegal al carecer de un decreto de creación de parte del Congreso de Coahuila.
Al respecto Édgar Salinas, consejero presidente del Instituto, dijo que hoy enviará una carta a la Contraloría Municipal para solicitarle que les informe las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado.
"Para saber en qué consistieron y solventar lo necesario", dijo.
Salinas aseguró que nunca fueron notificados sobre las presuntas anomalías, pero buscan dejar a salvo sus nombres y el trabajo realizado.
Por su parte, Miguel Mery Ayup, secretario del Ayuntamiento, dijo que la desaparición del Instituto no significa que haya opacidad en la administración municipal.
"Por Ley, se tienen que presentar los índices informativos mínimos de acuerdo con el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información''.
Aseguró que el Municipio se hará cargo de liquidar los pasivos del Instituto tales como agua potable, electricidad, alquiler, los cuales según Salinas ascienden a cerca de 500 mil pesos.
El Instituto de Buen Gobierno se creó en la Administración de José Ángel Pérez.
¿Qué era?
Entre las acciones del Instituto estaban:
⇒ Impulsar la cultura de la transparencia.
⇒ Promover la rendición de cuentas.
⇒ Impulsar indicadores dentro del Gobierno.
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