Relevante. El caso ABC provocó grandes expectativas tras la difusión de un proyecto del ministro Arturo Zaldívar, que señalaba como responsables al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, y al director del IMSS, Daniel Karam.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) clausuró ayer uno de los periodos de sesiones más intensos de su historia, rematado por un mes maratónico de resoluciones relevantes.
El ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, hizo la declaratoria de clausura, pero a diferencia de los dos años anteriores esta vez no dirigió mensaje alguno.
Sólo desde el 14 de junio, la Corte resolvió el caso de la Guardería ABC, confirmó en definitiva la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y cerró los procesos contra líderes de San Salvador Atenco, además de iniciar el debate sobre matrimonios entre homosexuales que continuará en agosto.
El caso ABC provocó grandes expectativas tras la difusión de un proyecto del Ministro Arturo Zaldívar, que proponía revolucionar los alcances de la investigación de grave violación de garantías y señalar como responsables al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, y al director del IMSS, Daniel Karam.
Las expectativas se desinflaron luego de que la mayoría rechazó que la Corte pudiera otorgarse a sí misma facultades no previstas en ley, y de que, por 6 votos contra 5, se acordó mencionar sólo a los funcionarios de más bajo rango por la muerte de 49 niños.
El activismo de la Primera Sala de la Corte ya había quedado claro a finales de abril, cuando absolvió a dos indígenas otomíes presas por el supuesto secuestro de seis agentes de la AFI, pero llegó a niveles inéditos en junio, al ordenar la liberación de los dirigentes atenquenses.
El fallo provocó críticas a los ministros de la mayoría, que dieron a entender que los "líderes emblemáticos" de un movimiento social tienen carta blanca para retener a funcionarios de gobierno que no cumplen sus demandas.
Renovada por la llegada de los ministros Zaldívar y Luis María Aguilar, en lugar de dos figura clave como Genaro Góngora y Mariano Azuela, la Corte también dictó sentencias relevantes en los meses previos.
El Pleno avaló, con criterios novedosos en materia fiscal, todos los aspectos centrales del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), impugnado por casi 40 mil empresas tras su entrada en vigor en 2008.
Los ministros también echaron abajo la ola de demandas por cifras exorbitantes contra los bancos por depósitos realizados a elevadas tasas de interés en la década de los 80, cuya proliferación había sido facilitada por tribunales estatales bajo sospecha de corrupción.
Otro largo debate fue el de la NOM que ordena a hospitales proveer la píldora anticonceptiva de emergencia a mujeres víctimas de violación, impugnada por el Gobierno de Jalisco, y duramente atacada por el Ministro Salvador Aguirre, quien no logró el apoyo de uno sólo de sus colegas.
Dos resoluciones seguidas contra la CNDH provocaron polémica. En un caso, la mayoría estableció que este órgano no puede invocar tratados internacionales cuando demanda ante la Corte la inconstitucionalidad de una ley, y en el otro, se avaló el acceso restringido de la Comisión a los expedientes de la PGR.
El Congreso respondió de inmediato con una reforma para obligar al Ministerio Público a compartir sus expedientes con el Ombudsman.
Con votación de 6 a 5, en un caso opacado por el de ABC, el Pleno dio su visto bueno a la práctica de las procuradurías de declarar el abandono de bienes de la delincuencia para que el Estado se apropie de ellos.
En cuanto a las salas, la Primera extendió por primera vez el alcance de las llamadas acciones colectivas para incluir incluso a personas que no se sumaron a un juicio, y aclaró que las reformas de 2009 que despenalizaron la posesión de narcóticos para consumo personal benefician retroactivamente a miles de detenidos.
La Segunda Sala,en tanto, declaró Constitucional el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), pero ayer decidió enviar al Pleno el que tal vez era su caso más importante del año, el amparo de Napoleón Gómez Urrutia contra la negativa de la STPS para otorgarle toma de nota como líder el sindicato minero.
Padres de ABC van contra ministros
Padres de las víctimas por el incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, aglutinados en el Movimiento Ciudadano Por la Justicia Cinco de Junio, Asociación Civil, presentaron en el Senado una solicitud de juicio político contra dos ministros de la Corte que recientemente aprobaron el dictamen en torno a ese caso.
Julio César Márquez Ortiz, padre del niño Julio César Márquez Báez, quien murió en el incendio a los 2 años 9 meses y 15 días de edad, acudió a la vieja casona de Xicoténcatl, donde sesiona la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, junto con otros familiares afectados para pedir juicio político contra los ministros Sergio Valls Hernández y José Fernando Franco González Salas.
Márquez Ortiz dijo que en la solicitud se pide juicio político para el ministro José Fernando Franco González Salas porque tiene una hermana trabajando en el área de guarderías del IMSS.
El otro ministro, Sergio Valls Hernández, explicó, "fue parte activa" del Consejo Técnico del IMSS.
Levantan revuelo
Durante el periodo que concluyó, la Corte analizó los siguientes temas:
⇒ Caso ABC.
⇒ Extinción de Luz y Fuerza del Centro.
⇒ Procesos contra líderes de San Salvador Atenco.
⇒ Proceso contra las indígenas otomíes Teresa González y Alberta Alcántara.
⇒ Análisis del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
⇒ Demandas contra los bancos por depósitos realizados a elevadas tasas de interés en la década de los 80s.
⇒ Declaratoria de abandono de bienes de la delincuencia para que el Estado se apropie de ellos.
⇒ Validación de la normativa federal que obliga a los hospitales públicos de México a ofrecer la píldora de emergencia.
