El organismo también le solicitó a la Semar la aplicación de medidas cautelares, para salvaguardar la vida del narcomenudista que estaba desaparecido en NL.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León aplicar medidas cautelares para preservar las evidencias del caso de la muerte de los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Esto con la finalidad de que se tomen "inmediatamente" acciones para evitar la pérdida o destrucción de las pruebas relacionadas con el hecho ocurrido el pasado 19 de marzo y de esta forma "garantizar una adecuada procuración de justicia".
A través de un comunicado, el organismo detalló que derivado de las diligencias realizadas por esta institución, conoció que las autoridades citadas se han allegado de evidencias "cruciales" para "llegar a la verdad histórica" de este suceso en el que perdieron la vida los alumnos Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso.
La solicitud de aplicación de medidas cautelares, dijo el organismo, se hizo con fundamento en lo dispuesto en los artículo 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno.
Con relación al caso del desaparecido, Marcelo Adrián Lucio, la CNDH informó que también solicitó la aplicación de medidas cautelares, "para salvaguardar su vida, integridad física y moral".
Además, dijo, para que "se ponga en inmediata libertad o a disposición ministerial, según proceda".
Esta solicitud fue dirigida, agregó, a la Secretaría de Marina (Semar), a las procuradurías federal y estatal, a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, así como a los presidentes municipales de Santa Catarina y San Nicolás de Los Garza.
Según diversos medios de comunicación, dijo la CNDH, Adrián Lucio, fue detenido el pasado 21 de marzo por personal de Seguridad Pública y trasladado en un helicóptero de la Secretaría de Marina. Desde entonces se desconoce su paradero.
En ambos casos, el organismo encabezado por el ombudsman Raúl Plascencia informó que las medidas no están sujetas a término y que las autoridades cuentan con un plazo máximo de 72 horas para notificar a la institución si son aceptadas.
