La falta de una ley contra el secuestro, que permita prevenir y combatir el delito así como atender a las víctimas, también atenta contra los derechos humanos de la sociedad, por lo que es urgente que los legisladores del país concreten la reforma en la materia.
Así lo indicó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, quien señaló que se requiere una nueva legislación ya que actualmente en torno al secuestro "existen víctimas del delito de todos los estratos sociales mal atendidos y discriminados, corrupción y desconfianza ciudadana".
En un comunicado emitido por el ombudsman, se indica que el organismo a su cargo "considera que la ausencia de una ley que salvaguarde el interés superior de las víctimas de secuestro y establezca mecanismos eficientes de coordinación institucional para su atención, vulnera los derechos humanos".
Plascencia Villanueva se comprometió por su parte a establecer una Red Nacional de Atención a Víctimas del Delito de Secuestro.
"Se pretende que los afectados no padezcan una doble victimización por negligencia, descuido o mala fe de servidores públicos, sino que se encuentren debidamente informados de los derechos que la ley les reconoce y cómo hacerlos efectivos".
