Aunque en el papel del plato a la boca podría caérsele la sopa al binomio Televisa-Nextel a pesar de habérsele levantado la mano como uno de los ganadores de la subasta del espectro de 1.7 gigahercios para telefonía móvil, lo cierto es que aún ratificándose su triunfo no podría otorgársele la concesión... por lo pronto.
El obstáculo es una medida cautelar obtenida vía un juez de Guerrero por Iusacell, uno de los competidores en la licitación, que obligaba a suspender ésta. Sin embargo, la interpretación de los abogados del órgano de regulación fue en el sentido de que la prohibición era llegar a las últimas consecuencias, es decir, suscribir el título correspondiente.
Por lo pronto, de acuerdo al marco previsto el organismo está obligado a evaluar la justeza (léase limpieza, equidad, transparencia) del procedimiento para ratificar o rectificar su resultado.
Realizada la revisión, sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien tendría la última palabra.
El procedimiento podría durar unas dos semanas, lapso en que la presión por anular el procedimiento crecería al infinito, vía la propia Iusacell; la oposición priista y perredista en el Congreso; la Auditoría Superior de la Federación, y aún la propia fracción "progresista" del partido Acción Nacional.
La manzana de la discordia, como usted sabe, es la disparidad de la contraprestación que pagarían los participantes en la subasta. Mientras Televisa-Nextel cubrirían 180 millones 300 mil pesos por una red nacional de 30 megahercios, Telcel erogaría casi tres mil millones por un segmento regional de 10, en tanto la Telefónica México, es decir, Movistar, cubriría más de dos mil por otro similar.
La razón, como usted sabe, es que mientras estos últimos segmentos los peleaban tres competidoras, el primero no tenía posturas por delante, dada la prohibición a las firmas de acumular más de 80 gigahercios del espectro.
De hecho, mientras Telcel, Movistar y Iusacell se fueron hasta la ronda 82 en ofertas y contraofertas, al punto que se debió suspender momentáneamente la licitación para que los participantes presentaran nuevas garantías de solvencia, el binomio Televisa-Nextel se sentó en la primera, al grito de ni-modo-de-pelear-con-fantasmas.
La explicación de la firma telefónica es que su acción no constituye una burla al licitante, "dado que fue el Estado quien definió un precio mínimo para salvaguardar sus intereses".
Dicho con todas las letras, quién le manda ser baboso.
Ahora que la firma sostiene una y otra vez que el precio que pagaría por la concesión constituye apenas un cinco por ciento de los nueve mil millones que pagaría a futuro, es decir en los 19 años de ésta, por concepto de derechos. El caso es que la obligación también alcanza a los demás competidores, pese al desembolso inequitativo que tendrían que realizar.
Y aunque tanto la Comisión Federal de Telecomunicaciones como la Comisión Federal de Competencia justifican el tope que se volvió alfombra, con la exigencia de abrir el escenario a nuevos competidores, lo cierto es que la decisión de Televisa de utilizar a Nextel como operador no cambia gran cosa el panorama.
Quizá sólo el refuerzo de la firma, que de tener un máximo de 21.5 megahercios de espectro ahora alcanzará alrededor de 61.5 en las bandas de 1.7 y 1.9 gigahercios.
Y quién garantiza que Telcel baje sus tarifas tras el colosal desembolso que realizaría si se mantiene como uno de los ganadores de una licitación que, en la paradoja, abatió al mínimo el costo de una red nacional y encareció al máximo los segmentos regionales.
Lo cierto es que en el horizonte, pese a las promesas del presidente de la Cofetel de hacer una revisión a fondo de la justeza del procedimiento, no hay ninguna señal de que se atreva a declararlo desierto... por más que represente un fardo más en la espalda del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, y una mancha más en el tigre durante el gobierno del presidente Felipe Calderón.
Y si le seguimos, tampoco se atrevería a exigirle a Nextel-Televisa que replanteara su postura para hacerla acorde con el resto, para evitar acusaciones de haberle causado un grave daño a los ingresos públicos.
Sin embargo, tampoco hay visos de que quienes objetan la licitación estén dispuestos a quitar el dedo del renglón... por más que se habla del desprestigio de México en el plano internacional, de cara a nuevos inversionistas en la materia. El duelo, pues, será de antología.
Por lo pronto, Televisa se instaló en un palco para ver la corrida sin arriesgarse.
Pues ahora resulta que quien presentó la ponencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte que acota de 25 a 10 salarios mínimos el tope máximo para pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social fue el ministro Sergio Valls, quien hace una década fuera director jurídico del organismo.
Para que la cuña apriete...
Como recordará usted, los padres de los niños muertos en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo pidieron en la Cámara de Diputados juicio político contra él y el ministro Fernando Franco González Salas por no haberse excusado en la votación de la resolución sobre el caso, al ser jueces y parte.
Éste fue miembro del Consejo Técnico del organismo.
La paradoja del asunto, frente a las airadas protestas de la Coparmex y la Concamín por la medida, es que hasta hace tres años funcionaba una Comisión de Seguridad Social en el Consejo Coordinador Empresarial, cuyo fin era alertar justo al Consejo Técnico del IMSS de medidas nocivas.
La instancia, que sería disuelta inexplicablemente en la gestión de Armando Paredes, la presidía el ex presidente de la Concamín, Alejandro Martínez Gallardo.
MÁS LÍOS EN GAP
Finalmente las firmas españolas AENA y Abertis lograron una resolución de un juez que suspende la medida cautelar lograda por el socio mexicano, es decir la Controladora Mexicana de Aeropuertos, lo que a su juicio le abrió la puerta para celebra la asamblea de socios prevista para ayer.
Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había emitido previamente un oficio en el que recomendaba a la firma suspender el cónclave, ante "indicios" de incumplimiento de requisitos legales para hacerla válida.
La dependencia, decía el documento, sólo reconocerá como válidos los acuerdos de la asamblea celebrada el 27 de abril pasado, en que se ratificó como presidenta a Laura Díez Barroso Azcárraga y se nombraron nuevos consejeros independientes.
El escándalo, pues, está al rojo vivo.
IMPUESTO A DIVIDENDOS
De prosperar una iniciativa colocada en la mesa por la fracción perredista en la Cámara de Diputados como parte de la reforma hacendaria en discusión, se gravarían los dividendos que las empresas le entregan a sus socios.
La intención es alentar la necesidad de reinvertir el máximo posible en la expansión de las firmas.
Originalmente el PRI había planteado una medida similar, que se estrelló ante un feroz cabildeo de las cúpulas empresariales.
Albe
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