Hay que cuidar que los servicios públicos sean, efectivamente, para el público y no para los cortos intereses de los que se adueñan de ellos desde las esferas del Gobierno o de las empresas privadas.
Es importante que sepamos denunciar a los que desvían los procesos electorales hacia su conveniencia partidaria o personal. Así lo exige el sistema de democracia que tanto esfuerzo y recursos económicos nos ha costado montar.
Otro servicio, el de las redes bancarias y financieras, tiene que tener el interés de la sociedad por encima de todo. El servicio de las comunicaciones es indispensable para garantizar la fluidez del contacto entre individuos y los sectores de la comunidad nacional e internacional. Interrumpir el transporte de personas y productos por cualquier pretexto que sea es impedir el libre flujo con devastadoras consecuencias tangibles en términos económicos y sociales.
Por su parte, la comunicación de ideas y valores es otro ámbito en que la circulación debe ser libre sin contaminación de intereses que desvíen su propósito de transmitir información y dejar al receptor su evaluación.
En este campo, los medios masivos de comunicación que forman los servicios de teléfonos, radio, televisión y la informática, deben ser ofrecidos y utilizados para garantizar su empleo y asegurar el interés público.
Corresponde al Estado cuidar que esto suceda. Los mensajes que se transmitan deben tener absoluta veracidad y sus contenidos deben respaldar los valores que la sociedad respeta. Asegurar que así sea requiere una vigilancia constante que no puede encargarse, desde luego, a criterios comercialistas.
Para monitorear la operación de los medios hay que constituir consejos mixtos Gobierno-operadores-público usuario como ya existen en Europa que determinen los marcos de referencia que ciñen las programaciones de las emisiones de radio y televisión a los valores que hay que difundir entre el público en general y, muy particularmente, a la juventud y a la niñez.
Simultáneamente con lo anterior, subyace la problemática de asegurar que los equipos físicos, es decir las líneas y sus equipos de respaldo que transmiten los mensajes, programas e información a través de la telefonía, la radio y la televisión, no se encuentren en pocas manos que los destinen sólo conforme a su propio interés mercantil. La accesibilidad debe abrirse a todos los que acrediten su capacidad y vocación de servicio público.
Como muchos países, México cuenta con un organismo, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que, entre sus tareas, está hacer lo posible para que la operación de las líneas que constituyen la red informática del país, no quede dominada por unos cuantos y caiga bajo el dominio de los grandes intereses que excluyan el acceso a los, que aunque menos favorecidos económicamente, queden excluidos de su acceso.
La integración de la Cofetel está bajo escrutinio. Llama la atención el gran número de comentarios que ha suscitado entre los que hablan y escriben en los medios. Una importante proporción de los que se han interesado por la renuncia de Héctor Osuna a su presidencia, no ha hecho hincapié en que este personaje estaba desde hace tiempo identificado con los intereses de Televisa. El tema se reduce al interés de esta cadena en obtener por parte de Cofetel las autorizaciones de operación de canales de TV y estaciones de radio adicionales.
El cambio de la presidencia de la Cofetel correspondió a la decisión que tomaron los demás miembros, conforme a la autonomía estatutaria de esta Comisión, que eligieron al licenciado Mony de Swaan Additi, designado por el secretario de Comunicaciones y Transportes. El movimiento coloca al organismo dentro del ámbito de poder de la SCT y con ello, del Poder Ejecutivo.
La definición del nuevo presidente de la Cofetel debe verse como un paso firme por parte de Felipe Calderón. Sin duda que ello ha afectado los intereses de los gigantes de la televisión que se valen de algunos legisladores que quieren impugnar formalmente el nombramiento de Swaan, negando la prerrogativa presidencial para dicho nombramiento. Son ellos, por cierto, los que se suman a los que han planteado que el secretario Molinar sea sujetado a juicio político por su supuesta responsabilidad en la tragedia de la guardería ABC.
La designación del nuevo miembro de la Cofetel y su elección como presidente, termina otra era de dominio absoluto de las empresas monopólicas en el terreno de las comunicaciones.
Hay que felicitarnos, pues ante la disyuntiva de perpetuar un sistema de comunicaciones que responda sólo a los intereses de los dueños y sus patrocinadores, o la de abrir el marco de telecomunicaciones a una libre competencia, el Gobierno optó por lo segundo.
