El pasado 23 de febrero el grupo de senadores del PRI entregó una iniciativa con propuestas para ajustar, derogar y reformar algunos artículos de la actual Ley de Comercio Exterior.
En su exposición de motivos, se afirma que "...la falta de una política clara en materia de comercio exterior y de un mecanismo eficaz de coordinación entre las diversas autoridades competentes que intervienen en la regulación, aunado a la falta de un mecanismo obligatorio de consulta entre ellas y el sector privado, contribuye sin duda al caos regulatorio que existe en la materia..."
Un ejemplo de lo anterior, que la iniciativa señala es la política unilateral de reducción de aranceles ejecutada por la Secretaría de Economía que busca proveer de insumos del mercado internacional a bajo costo para los productores nacionales, pero provocó descontento.
En efecto, como varias veces hemos comentado en esta columna, dicho programa de desgravación arancelara ha sido muy perjudicial a los intereses del país puesto que ha debilitado aún más la planta agrícola e industrial, ya muy averiada por las condiciones en que México solicitó su admisión al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros (GATT) en 1986. La apertura exagerada del mercado mexicano que entonces se impuso a la industria y la agricultura del país las abandonó a su suerte en un escenario internacional de competencia darwiniana donde sólo los productores más avezados ganan y los menos competitivos desaparecen. Los nuestros aún no estaban preparados.
La falta de políticas de comercio exterior y de estrategias agrícolas e industriales explica el que los múltiples tratados comerciales firmados en los últimos años han sido lastimosamente desperdiciados. Las estadísticas de las exportaciones con cada uno de los países con los que tenemos firmados tratados muestran los déficit en cada una de esas relaciones. La Secretaría de Economía empeora las cosas al promover activamente la desgravación hasta para los países con los que no tenemos tratado.
En efecto, se ha llegado a la situación actual en que son los productores mexicanos quienes no quieren saber más de tratados comerciales y piden al Gobierno no embarcarse en otros. En estos momentos hay fuerte oposición a la suscripción de un TLC con Brasil.
Los senadores, no sólo del PRI, sino de varios partidos saben que hay que reorganizar toda el área de nuestro comercio exterior. Es urgente implementar medidas que impulsen la competitividad y promuevan el buen desempeño de este sector estratégico.
Las economías "emergentes" más prósperas han hecho del comercio internacional el motor de su desarrollo, encontrando el sitio adecuado donde explotar sus ventajas competitivas, para obtener los máximos beneficios de la globalización.
Lamentablemente nuestro comercio exterior, lejos de fungir como dinamizador de producciones tradicionales y nuevas, ha propiciado que, sometido al principio de las leyes inflexibles de mercado, muchas actividades han cerrado en lugar de retener y abrir empleos. Los hechos están a la vista. La pobreza del campo, la desorientación industrial y el éxodo de millones de mexicanos que debieron haberse quedado en sus comunidades ocupados en actividades redituables. Cientos de empresarios han optado por convertirse en importadores o franquiciatarios de los mismos artículos y servicios que antes producían.
Hace 40 años se inauguró el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, organismo modelo para varios países, dedicado a promover una oferta competitiva y su venta al mundo. En 1985 fue desaparecido por el presidente De la Madrid. Desde entonces la política de comercio exterior ha estado al garete.
Ahora, las diversas iniciativas de las bancadas legislativas proponen reestablecer una política integral de comercio exterior como la tienen todos los países que avanzan.
