En muchas cosas falla la élite política, no en una: el agrandamiento de los problemas. En ese campo, día a día, demuestra una gran experiencia con muy buenos resultados.
Cuando los políticos mexicanos afrontan un problema, no se preguntan cómo resolverlo, sino cómo ocultarlo sin dejar de hacerlo todavía más grande. ¡Ah, cómo coinciden en esa materia!
Con y sin disfraz, la clase política se esmera en demostrarle a la ciudadanía cómo son buenos en eso.
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Ejemplo uno. Las extorsiones vía telefonía celular que sufre la ciudadanía aumentan y con ellas el clamor por acabarlas. La autoridad tiene un dato firme sobre el asunto: muchas de las extorsiones se realizan desde los penales, donde además de ese delito se practican muchísimos otros y se trafica con todo.
A pesar de la obvia necesidad de replantear a fondo el sistema penitenciario, los políticos rehúyen la solución y optan por aplicar medidas que, sin duda, significan un gasto que sólo agrandará el problema.
La primera acción que emprende la autoridad consiste en instalar un sistema de bloqueo de llamadas en los reclusorios pero como esa medida afecta no sólo al penal sino al barrio donde éstos se encuentran, mejor lo desconectan. Por lo demás, ya instalado el equipo, se advierte que se ha generado otra fuente de corrupción: encender y apagar por módica suma el sistema.
Como esa primera medida no crece suficientemente el problema, se piensa en grande: castigar a todo aquel que tenga un celular en la mano y no sólo a quienes extorsionan con ellos.
El agrandamiento del problema es fantástico y, además, le permite a la autoridad hacer demagogia legislativa. A petición de un grupo ciudadano que exige registrar todos los números de telefonía celular, la autoridad lanza una iniciativa de ley inútil. Una ley que no resuelve el problema, pero sí suma trámites, obstaculiza la conectividad y expone los datos personales de los usuarios. Qué importa si las extorsiones telefónicas decrecen o no, el objetivo era agrandar el problema y se ha logrado.
La pregunta de cómo es que entran teléfonos celulares y chips a los reclusorios queda sin respuesta.
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Ejemplo dos. El problema de los traslados en la ciudad exige desarrollar aceleradamente el transporte colectivo. Hay, por fortuna, una arteria importante que permite cruzar, norte-sur, un buen tramo de la ciudad, pero en un punto de esa ruta siempre hay plantones.
La autoridad se plantea sesudamente cómo resolver al revés el problema. No ve por qué levantar a los manifestantes que siempre se plantan frente a la Secretaría de Gobernación y, entonces, tiene una gran idea: frente al derecho de una minoría a manifestarse debe sacrificarse el derecho al libre tránsito de una mayoría. Magnífico.
Si el tipo de autobús que se empleará en esa avenida es articulado, qué mejor que hacerlo doblar varias esquinas para complicar y alentar su circulación y encarecer la obra de pavimentado, sin renunciar a la posibilidad de afectar también a más automovilistas. Y, entonces, en vez de favorecer la circulación en línea recta del autobús articulado, se decide que tuerza aquí, doble por acá y, más adelante, dé vuelta de nuevo para retomar el curso natural de la ruta.
El problema de fondo se mantiene intocado, y es un gran beneficio porque en cualquier otra oportunidad podrá agrandarse todavía más.
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Ejemplo tres. Una nueva modalidad del asalto a los automovilistas varados, sí, varados en las vías rápidas de circulación, tiene por singularidad el que los maleantes utilizan motocicletas.
La autoridad se plantea con toda seriedad cómo complicar. El planteamiento es sencillo. Si una minoría de motociclistas asalta en las vías rápidas, el problema se puede agrandar del siguiente modo: prohibir el acceso a todos los motociclistas a esas vialidades.
El paliativo es buenísimo. No resuelve el problema y abre una ventana más de oportunidad a la corrupción policial. Espléndido.
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Ejemplo cuatro. Tanto ha dicho la clase política que sin reformas estructurales el país no avanza que, increíblemente, ha logrado una corriente de opinión a favor de ellas. Pero hay un problema: la clase política no tiene capacidad de acuerdo entre ella y no puede ya cargar con los costos de la inacción legislativa.
El problema es complicado, desde luego, pero por fortuna el Gobierno encuentra la fórmula correcta para agrandarlo. A manera de ametralladora lanza la reforma política, la reforma laboral y la reforma contra los monopolios con la absoluta certeza de que su aprobación es casi imposible. Si no se aprueban, la frustración ciudadana aumentará, pero el Gobierno obtendrá una ventaja. El Ejecutivo podrá llenarse la boca ante la ciudadanía diciendo "yo cumplí, pero el Legislativo no quiso".
Todo con una triple garantía: los problemas estructurales seguirán agravándose, el Gobierno podrá justificar su fracaso y la industria de las promesas se mantendrá intocada.
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Ejemplo cinco. Un grupo de creadores, industriales y tenedores de derechos de autor se queja de la piratería, el Ejecutivo no puede con el problema y la pelota rebota en la cancha del Legislativo.
Los legisladores saben que ese problema puede agrandarse y derivar de ello un beneficio. Ponen manos a la obra y elaboran una reforma legislativa: perseguir de oficio la piratería. ¡Hombre, qué buena idea! Si el Gobierno se especializa en atrapar narcomenudistas y sicarios sin tocar la estructura de la industria criminal, por qué los legisladores van a resistirse a la tentación de que también se atrape a los menudistas de productos piratas, sin afectar esa gran industria.
Con toda humildad y socarronería, el Legislativo recibe la ovación. Sabe que ya le trasladó el costo del fracaso al Ejecutivo por la imposibilidad de acabar con la piratería y la economía informal.
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En ese ejercicio de agrandar problemas, que tan bien domina la élite política, está barbechando, sembrando, cultivando amplísimos campos de descontento social.
En el combate de las "ridículas minorías" está cargando contra "inmensas mayorías". La clase política está abusando de esas mayorías, les restringe libertades y les niega derechos, sin ni siquiera garantizarles su integridad, seguridad y patrimonio. Bajo la simulación de resolverlos, la clase política está agrandando los problemas. Es una clase política terriblemente conservadora y, sin querer, tremendamente subversiva. Es también una "ridícula minoría". Allá ella.
