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Con el apagón, qué cosas suceden

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Alberto Barranco

Aunque oficialmente la Controversia Constitucional planteada por el Congreso contra la decisión del presidente Felipe Calderón de adelantar el llamado "apagón analógico" apunta a combatir lo que se califica de atropello a la autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el transfondo, en realidad, es político.

La oposición legislativa quiere frenar lo que ubica como la apertura de una coyuntura para ganar votos a la causa de Acción Nacional en la elección presidencial del 2012.

La fórmula es simple: Dado que el paso de la televisión analógica a la digital reclama la adaptación de aparatos relativamente viejos, el Gobierno subsidiaría la compra del equipo requerido, con los atentos saludos del Ejecutivo.

En un proceso similar en Estados Unidos, la Casa Blanca regaló los equipos.

De hecho, en la propuesta de Presupuesto de Egresos para el año próximo, la Secretaría de Hacienda está planteando una partida especial de tres mil millones de pesos para avalar el regalito.

De ahí, pues, es que el bombardeo contra el Decreto Presidencial se haya lanzado por vía doble: la Cámara de Diputados y el Senado.

Como usted sabe, recibida la documentación por el máximo tribunal de justicia del país, la ministra Olga Sánchez Cordero no sólo le dio entrada, sino que pidió la suspensión del acto reclamado, en tanto se ventila el juicio... lo que podría durar dos años.

Ahora que dos jueces habían aceptado previamente sendas solicitudes de amparo contra la medida por parte de empresas de televisión por cable.

Prevista la transición para cerrarse en el 2021, el presidente Felipe Calderón decidió adelantar seis años la ruta crítica, lo que implicaría que el periodo de adaptación se concentre en el 2011 y 2012, a cuyo efecto se creó una comisión de transición integrada por los secretarios de Gobernación, de Hacienda, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, además del titular de la Cofetel.

La paradoja del caso es que hace unos meses la propia Cofetel había iniciado un procedimiento administrativo contra Televisión Azteca, a quien acusó de haberse adelantado a la medida.

La empresa propiedad del Grupo Salinas le ofrecía al público la posibilidad de ver 11 canales de televisión digital... vía la compra de un adaptador para los aparatos transmisores, que se vendía en las tiendas Elektra, propiedad del propio consorcio.

De ahí la sorpresa cuando el Ejecutivo anunció en su Cuarto Informa de Gobierno que se adelantaría la transición.

Lo dramático del asunto es que, metida la cuña en el reloj político, lo que apuntaba a un procedimiento técnico que abriría la competencia en televisión abierta y nos empataría con la mayor parte de las naciones desarrolladas, se convirtió en un nuevo escenario para la grilla.

Bajo el marco de la televisión digital el público tendría opción de ver canales que hoy están reservados a la señal de paga, lo que naturalmente afecta cuantiosos intereses.

Desde otro ángulo, la apertura de nuevos canales de televisión digital le daría cancha a una competencia que lleva años en el baúl de las buenas intenciones.

Lo curioso del caso es que el autoritarismo del Ejecutivo, en cuyo he-dicho no se promueve el consenso, ya le dio pauta a las televisoras para señalar que no están preparadas aún para la transición. En la carambola, el llamado Decreto Electorero le abrió la puerta a la oposición priista para subrayar la pérdida de personalidad de la Cofetel, a la que más de una vez ha calificado el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, como apéndice de la dependencia, tras la imposición de uno de sus incondicionales como presidente.

Lástima por el país.

BALANCE GENERAL

La noticia es que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil con sede en el Distrito Federal, le otorgó un amparo a la firma mexicana PCZ Construcciones contra una resolución judicial que le obligaba a pagarle 19 millones de pesos a la empresa española OHL por supuesto retraso en las obras que le encomendó en calidad de subcontratista en la construcción del sistema 1 del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán. El caso es que OHL le debe a PCZ 20 millones de pesos.

La sospecha, pues, es que la firma que en nuestro país encabeza José Andrés de Oteyza, armó el numerito para soslayar la mayor parte del adeudo.

El argumento de la magistrada Carmen Sánchez Hidalgo habla de que el juez de primera instancia no valoró las pruebas que acreditaban la terminación de la obra encomendada.

El golpe le llega a OHL justo cuando se prepara a cotizar parte de su capital en la Bolsa Mexicana de Valores, en una apuesta para recaudar 800 millones de dólares.

 SERPAPROSA EN LA ANTESALA

A contrapelo de las protestas planteadas en el Congreso ante la evidente violación a la Ley de Inversiones Extranjeras que representaría la operación, está prevista para el próximo martes la venta a la firma estadounidense Brink's del 80 por ciento del capital del Servicio Panamericano de Protección.

La compradora tenía ya el 20 por ciento de la empresa de transporte de valores, por lo que la engullida será completa.

Serpaprosa es propiedad de 13 bancos establecidos en México, con prominencia de Bancomer, Banamex, Santander, HSBC y Scotiabank.

El presidente de la compañía, Guillermo Núñez, ex funcionario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, llevaba tres años buscando compradores nacionales.

De acuerdo a las denuncias planteadas en el Congreso, la operación no sólo viola la cláusula de exclusión de extranjeros para empresas transportistas, sino la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Estaríamos hablando de un ejército privado de custodios bajo el mando de una firma de los Estados Unidos.

Serpaprosa enfrentó en el pasado una acusación de evasión fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda, que misteriosamente se diluyó.

 ¡AZÚCAR!

Pian pianito, la industria azucarera del país, camina hacia su modernización y diversificación. Son ya la mitad de los ingenios quienes producen etanol como oxigenante de gasolinas y cogenerarán energía eléctrica.

El milagro lo logró la modificación del añejo Contrato Ley que rige a la actividad, en cuyo marco se pudieron otorgar incentivos adicionales a los trabajadores, entre ellos despensas mensuales, bonos de productividad, becas para estudiantes de excelencia, modificación en la fecha de incrementos en las pensiones de jubilados, capacitación laboral y mayor seguridad en las plantas.

La hazaña la empujó el presidente de la Cámara del ramo, Juan Cortina Gallardo.

 PIAL DE WAL MART

En lo que constituye un espaldarazo indirecto al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, frente al cañoneo en su contra por la inseguridad, la cadena de tiendas Wal Mart anunció una inversión en la entidad federativa de cuatro mil 100 millones de pesos a desarrollarse entre el año próximo y el 2015.

La apuesta es abrir 71 tiendas.

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