La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el ataque la madrugada del domingo a la sede del diario "El Debate" de Mazatlán e instó a las autoridades mexicanas a emprender de manera urgente medidas para proteger a los comunicadores y medios de comunicación, así como garantizar la libertad de prensa.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, subdirector del Diario Las Américas de Miami, llamó al Gobierno Federal a "redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad de medios de comunicación, periodistas y empleados", tal como prometió en días pasados el presidente Felipe Calderón a representantes de este organismo y del Comité para la Protección de los Periodistas.
Las instalaciones de El Debate de Mazatlán, en Sinaloa, fueron atacadas a balazos por desconocidos.
El diario informó en su versión electrónica que unos 17 disparos, presumiblemente de fusiles AR-15 y "cuerno de chivo" (AK- 47), impactaron el edificio por la entrada de acceso a los clientes.
Al momento del ataque se encontraba personal de seguridad y empleados del área de circulación, quienes salieron ilesos de esta nueva agresión a la casa editorial El Debate, S.A., cuya infraestructura en Culiacán también sufrió un atentado hace dos años.
El 16 de noviembre de 2008 fueron arrojadas 2 granadas de fragmentación en la entrada de las instalaciones del periódico en Culiacán que ocasionaron daños materiales en paredes y cristales y el 9 de febrero de 2009 fue baleada la casa del director de la filial del periódico en Guasave. No hubo heridos en los incidentes ocurridos en estas otras dos ciudades sinaloenses.
También se informó que las instalaciones del periódico son resguardadas por autoridades.
Las primeras indagaciones establecen que por lo menos 4 hombres armados dispararon a la fachada de "El Debate", desde una camioneta en movimiento, en el fraccionamiento Costa Brava, en la ciudad de Mazatlán.
Jesús Alberto Aguilar Padilla, gobernador del estado, afirmó que hará todo lo que esté a su alcance para garantizar la libertad de expresión, por lo que instruyó a las autoridades judiciales brindar protección al medio impreso e investigar el ataque.
