La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Luis Arturo Mondragón en Honduras y recordó que este es el séptimo comunicador ultimado en ese país centroamericano durante este año, que se suman a los tres registrados en el 2009.
El organismo que integra mil 300 publicaciones del continente, con sede en Miami, Florida, pidió una mayor acción del gobierno hondureño para combatir la impunidad en este y los otros crímenes contra periodistas.
Mondragón, de 53 años de edad y director de noticias de Canal 19, en la ciudad de El Paraíso, al sureste de Tegucigalpa, capital del país, fue asesinado la noche del pasado lunes, 14 de junio, luego de concluir su programa y cuando se encontraba sentado frente a su casa, junto a su hijo.
De acuerdo a medios locales, Mondragón había recibido amenazas por denunciar actos de corrupción de funcionarios y políticos locales.
"Seguimos viendo con preocupación y alarma la situación de violencia contra la prensa en Honduras, que pese a la disposición mostrada por el gobierno a resolver los crímenes, sigue enfrentando un clima de impunidad", señaló en un comunicado el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard.
El también director editorial del San Antonio Express-News, de Texas, expresó sus condolencias a familiares y colegas de Mondragón.
Este es el séptimo periodista asesinado en Honduras en el 2010, se suma al de Georgino Orellana (20 de abril), Manuel Juárez y José Bayardo Mairena (26 de marzo), Nahúm Palacios (14 de marzo), David Meza (11 de marzo) y Joseph A. Hernández Ochoa (1 de marzo), que siguen sin esclarecerse.
La SIP señaló que tampoco han sido identificados los responsables materiales ni intelectuales de los crímenes ocurridos en el 2009 contra Bernardo Rivera Paz (13 de marzo), Santiago Rafael Munguía (31 de marzo) y Gabriel Fino Noriega (3 de julio).
En abril pasado, la SIP recomendó al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, alternativas concretas para la adopción de instrumentos legales y jurídicos para combatir la espiral de crímenes contra periodistas.
Entre estas medidas propuso establecer un sistema de observadores internacionales con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), crear fiscalías especiales para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión, impulsar reformas legales y jurídicas para establecer una jurisdicción especial que atienda estos delitos, y reformar el Código Penal para incrementar las sanciones por las violaciones a la libertad de expresión.
