Un tribunal revolucionario en Teherán ha condenado a ocho años y medio de cárcel y cinco de inhabilitación política al representante estudiantil Majid Tavakolí, acusado de insultar al líder supremo de la Revolución, ayatolá Ali Jameneí,- y al presidente del país, Mahmud Ahmadineyad.
La corte le ha prohibido, además, salir del país durante cinco años más, informaron hoy páginas web gestionadas por la oposición reformista.
Tavakoli fue detenido meses atrás después de pronunciar un discurso en la universidad de Teherán en el que criticó con dureza la política económica de Ahmadineyad y la represión de las protestas populares.
La fiscalía le acusó de llamar "dictador" al líder supremo y "fascista" al presidente.
Tras ser detenido, la prensa oficial iraní publicó una fotografía de Tavakoli vestido de mujer, con el chador (pieza de tela negra que cubre de la cabeza a los pies), mientras que su familia denunció torturas en prisión.
Irán está sumido en una grave crisis política y social desde que el pasado 13 de junio se conociera la reelección del ultraconservador Ahmadineyad.
Ese mismo día, cientos de miles de personas se echaron a la calle al grito de "¿dónde está mi voto?".
En la violenta de las protestas represión murieron al menos una treintena de personas, según cifras oficiales, y 72 de acuerdo con el cómputo de los opositores.
Además, miles han sido detenidas, entre ellas cientos de responsables y partidarios de la oposición reformista, que lideran los candidatos derrotados, Mir Husein Musaví y Mehdi Karrubí.
Las protestas, que se mantienen desde hace seis meses, se agravaron el pasado 27 de diciembre, día sagrado de Ashura, tras una violenta represión en la que perdieron la vida ocho personas, según cifras oficiales.
El régimen iraní ha acusado a Estados Unidos y el Reino Unido de instigar la peor crisis que atraviesa la República Islámica desde su fundación en 1979.
El Poder Judicial, por su parte, ha condenado a casi un centenar de personas, acusadas en su mayoría de atentar contra la seguridad del Estado y participar en una "conspiración" para derrocar el Gobierno.
Asimismo, ha impuesto cinco condenas a muerte, y ha pedido otras cinco más para una serie de personas acusas de pertenecer al movimiento de oposición en el exilio "Muyahidin Jalq" (Combatientes del Pueblo), que Teherán considera terrorista.
