El gobierno de Jalisco presentó a la SCJN una solicitud de investigación sobre los homicidios cometidos el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de esta ciudad, entre ellos el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
En un comunicado, el gobernador del estado, Emilio González Márquez, consideró que con motivo de las investigaciones realizadas hasta ahora, existen graves violaciones a las garantías constitucionales consagradas en los artículos 6, 14, 16, 17, 19, 20 apartado C y 21.
Añadió que el 24 de mayo de 1993, en la terminal aérea perdieron la vida el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Pedro Pérez Hernández, Martín Alejandro Aceves Rivas, Francisca Rodríguez Cabrera, Juan Manuel Vega Rodríguez, José Ramón Flores Flores y José Rosario Beltrán Medina.
Durante los más de 16 años, y como consta en los expedientes oficiales, la Procuraduría General de la República (PGR) ha propuesto diversas hipótesis sobre los homicidios.
Señaló que con las mismas no se satisface la garantía de conocer la verdad y el derecho de los mexicanos a la información, después de más de 16 años de ocurridos los hechos existe una clara denegación de justicia.
En su solicitud, presentada el 26 de marzo pasado, González Márquez consideró que es indispensable que el Ministerio Público investigue los hechos y ejercite la acción penal en contra de los responsables, porque es una garantía que consagra artículo 17 de la Constitución para proteger los derechos humanos de las víctimas y los ofendidos.
Resaltó que debe hacerse valer la seguridad de los gobernados de que sus autoridades garantizan en su favor los derechos humanos y las garantías individuales consagrados en la Carta Magna, con estricto apego al marco jurídico.
Destacó que los jaliscienses y los mexicanos 'tenemos derecho a conocer la verdad, en la actualidad hemos conocido por las investigaciones de historiadores, cómo los diversos magnicidios en nuestra patria han quedado impunes'.
El gobernador presentó la solicitud de investigación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la esperanza de que los ministros decidan averiguar si existen, con los hechos referidos, daño a los derechos humanos y una grave violación de las garantías individuales.
