Enfrentado con costosas impugnaciones legales, el pueblo de Fremont, Nebraska, analiza suspender una ley aprobada por los votantes que prohibe contratar o alquilar propiedades a inmigrantes ilegales, hasta que las demandas sean resueltas.
El concejo municipal rechazó por estrecho margen la prohibición en 2008, lo que hizo que los partidarios colectasen suficientes firmas para la votación de la medida.
La ordenanza, aprobada por los votantes el mes pasado, ha dividido a la comunidad. Los partidarios dicen que es necesaria para compensar por lo que consideran pobre implementación e las leyes federales y los oponentes argumentan que pudiera alimentar discriminación.
El presidente del concejo, Scott Getzschman, insistió en que el órgano estaba preocupado por finanzas, no por una falta de apoyo a la ordenanza. El concejo municipal deberá votar sobre una suspensión de la prohibición el martes por la noche, un día antes de que la municipalidad acuda a las cortes para defender la medida.
La ciudad enfrenta demandas del Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF por sus iniciales en inglés). Funcionarios municipales han estimado que los costos para Feemont de implementar la ordenanza —incluyendo gastos legales, pago por tiempo extra y mejora en el software de computadoras— promediaría un millón de dólares al año.
Getzschman dijo que no estaba claro cuánto dinero la municipalidad se ahorrará al suspender la ordenanza.
Una audiencia en la corte está planeada para el miércoles, cuando un juez federal deberá analizar si bloquea temporalmente la ordenanza, que debía entrar en vigencia el jueves. Lo más probable es que esa audiencia se celebre de todas formas.
Getzschman insistió en que el concejo está tratando de actuar por el mejor interés de la ciudad y limitar los costos legales,incluso si los ahorros son pocos.
"El hecho es que la orden judicial de suspensión es inminente", dijo Getzschman. "Como municipalidad, estamos buscando formas de reducir los costos".
Ricardo Meza, principal abogado del MALDEF, dijo que aunque su grupo apoyaría una suspensión de la prohibición, podría ser necesaria aún una orden judicial que bloquee la ordenanza si la resolución de la municipalidad no es clara.
La ordenanza ha colocado a Fremont en la lista con Arizona y otras partes del país en el debate nacional sobre las regulaciones de inmigración. La nueva ley de Arizona entra en vigencia el jueves y requiere que policías que paren a personas por sospechas de violar una ley revisen el estatus de inmigración de esa persona si hay motivos para pensar que está e el país ilegalmente.
