Incidencia. Tan sólo la PGJE recibió 27 recomendaciones. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ/EL SIGLO DE DURANGO
El resultado es claro: las detenciones arbitrarias e ilegales, privación de comunicaciones y de la libertad, son el común de las quejas ante Derechos Humanos.
El problema es que estos señalamientos van dirigidos en contra de las autoridades que se supone, deberían trabajar por la seguridad de los duranguenses.
CONCLUSIÓN EVIDENTE Noel Flores Reyes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, mencionó que recién concluyó el análisis al informe de actividades que envió el ombudsman estatal Carlos García Carranza correspondiente a las actividades del 2009.
Resaltó que es preocupante la cantidad de quejas que se interpusieron contra las corporaciones de seguridad, por parte de personas que dijeron ser víctimas de detenciones ilegales, violación a las garantías de libre tránsito, privación ilegal de la libertad y de las comunicaciones.
"Todo ello tiene que ver con funcionarios que tienen a su cargo corporaciones policíacas, son las que las estadísticas tienen más altas tanto en los municipios como en el estado", añadió el legislador panista.
El informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos indica que el año pasado se recibieron 793 quejas, 84 expedientes concluyeron en recomendación y la autoridad más señalada es la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) con 27, todas fueron aceptadas a la brevedad.
