Napoleón Gómez Urrutia y otros dirigentes trataron de frenar las órdenes por medio de un juicio de amparo en el que cuestionaban la constitucionalidad de la Ley de Instituciones de Crédito. (Archivo)
La Corte se negó a amparar al líder de los mineros Napoleón Gómez Urrutia y a otros integrantes del sindicato que buscaban dejar sin efecto las órdenes de aprehensión que se giraron en su contra por haber dispuesto presuntamente, de manera ilegal, de 55 millones de dólares de un fideicomiso de su gremio.
Gómez Urrutia y otros dirigentes trataron de frenar las órdenes por medio de un juicio de amparo en el que cuestionaron la constitucionalidad de dos artículos, el 113 bis y el 115, de la Ley de Instituciones de Crédito en los que se sustenta la acusación que formuló en su contra la Procuraduría General de la República (PGR).
De haber logrado su objetivo, a partir de la anulación de estos dos puntos, hubieran podido tirar todas las acusaciones en su contra sin necesidad de ir a juicio, en la parte penal.
Pero los ministros de la Primera Sala del alto tribunal resolvieron no ampararlo, porque consideraron que los artículos en los que se sustenta la acusación en su contra no violan la garantía constitucional de exacta aplicación de la ley penal, como argumentaban.
