La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no intervenir en el juicio por daño moral que promovió el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, en contra del cardenal de Jalisco, Juan Sandoval Íñiguez.
De manera simultánea, la firma de abogados López Melih, González, Facha y Estrada, S.C., que Sandoval acreditó como sus abogados al responder a la demanda de Ebrard, se deslindó del jerarca católico.
En un escrito dirigido al juzgado civil que atiende la causa en el DF, el despacho asegura que no representa, presta servicios o tiene ninguna relación profesional alguna con el cardenal.
Ebrard demandó por la vía civil al jerarca católico porque aseguró que como jefe de Gobierno había "maiceado" (sobornado) a los ministros de la Corte para que avalaran los matrimonios entre personas del mismo sexo y que permitieran que estas parejas adopten.
Pero desde hace una semana el juicio se encuentra en una etapa de receso, debido a que Ebrard quiere que el caso se lleve ante los juzgados locales del Distrito Federal y Sandoval busca que el litigio se desarrolle en Guadalajara ante los tribunales de Jalisco.
Esto ha propiciado que tanto un juez del DF como otro de Guadalajara se declaren competentes y listos para hacerse cargo de la demanda.
Para resolver a quién le toca juzgar este asunto, se pidió la intervención de la Corte, a efecto de que decidiera si el caso debe ser atendido por el Poder Judicial del DF o por el de Jalisco.
Pero el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, decidió no intervenir en este asunto, lo bajó de nivel y de importancia, y lo trasladó a un tribunal colegiado, un órgano de menor jerarquía en el ámbito de la justicia federal.
Ahora, un tribunal colegiado -integrado por tres magistrados federales- será el que decida si la demanda de Ebrard contra Sandoval se juzga en el DF o en Jalisco.
Con esta decisión Ortiz evitó que los ministros intervengan en el juicio que se detonó por las declaraciones que hizo Sandoval en el sentido de que Ebrard había "maiceado" precisamente a los integrantes de la Corte.
La Corte se ha mantenido al margen de este litigio, a pesar de que el ministro Sergio Valls, en su momento, advirtiera que los integrantes del alto tribunal se reservaban el derecho a emprender cualquier medida legal que consideraran pertinente contra Sandoval Íñiguez.
La intervención del alto tribunal se limitó a la emisión de un voto de censura unánime en contra de las declaraciones del cardenal, que desde el punto de vista jurídico no tuvo mayor impacto que expresar su inconformidad con el dicho.
En esa ocasión, el ministro Valls Hernández -quien elaboró del proyecto de resolución que validó los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopciones de niños para este tipo de parejas- dijo que en un Estado laico debe haber una absoluta separación entre la Iglesia y el Estado, como lo establece el artículo 130 Constitucional.
Aseguró que al amparo de ningún título no se puede, impunemente, acusar a los 11 ministros de corruptos.
