Mañana -con los comicios en Yucatán- se entrará de lleno en la temporada electoral y su desarrollo y desenlace redefinirán el límite y el horizonte de la democracia nacional.
La superficie del espacio democrático estará determinada no sólo por la calidad y el resultado de los 15 procesos electorales en curso sino también por la capacidad del Estado para garantizar a ciudadanos, candidatos y partidos el derecho a participar en ellos. Esta vez importarán el proceso y el resultado pero también las condiciones en que tendrán lugar.
Esa tríada marcará el destino del Gobierno Federal, aun cuando aún le resten más de dos años para concluir formalmente su gestión. Más allá de las percepciones, el impacto del proceso y el resultado electoral ampliarán o reducirán su margen de maniobra... así como el horizonte de la democracia.
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A partir de mañana y hasta el domingo 4 de julio entrará en juego el 40.13 por ciento del padrón electoral así como 12 gubernaturas, 506 diputaciones locales y mil 115 alcaldías, pero también la fortaleza del Estado para garantizar el derecho fundamental de elegir en condiciones de civilidad, seguridad, estabilidad y legalidad aceptables.
Como es natural, en el lapso que media hasta aquella jornada dominical de julio, se registrarán turbulencias. No hay de otra. La incertidumbre es un ingrediente consustancial a cualquier elección; las diferencias entre las fuerzas concursantes también, en tanto que buscan distinguirse unas de otras y, sobre esa base, atraer al electorado.
Esas turbulencias forman parte de la normalidad electoral, no aquellas que derivan de la actividad criminal que disputa al Estado el control del territorio, el cobro del tributo, el monopolio de la violencia e incluso el Gobierno mismo. Esas otras turbulencias pueden llevar al traste al proceso electoral en ésta o aquella otra entidad estatal o municipal pero también a la democracia.
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A nadie escapa cómo, a lo largo del sexenio, el derrame de la actividad criminal y su combate golpean de manera colateral pero creciente la actividad económica, diplomática y social.
Resultaba, pues, evidente la urgencia de evitar que ese derrame alcanzara a la política, sobre todo cuando el calendario marcaba este año como uno de carácter eminentemente electoral. Hoy, varias de las entidades obligadas a renovar su Gobierno municipal o estatal o su representación legislativa están frente a ese escenario colmado de peligro, en cierto modo encañonadas por el crimen.
Sin embargo, en esa extraña idea de que la realidad no tiene vasos comunicantes en sus distintos planos, los gobiernos Federal y estatales así como los partidos políticos poco se interesaron en crear las condiciones mínimas necesaria s para desarrollar el proceso electoral en un marco de seguridad y estabilidad aceptable. No se podía blindar el concurso ahí donde el crimen domina, pero sí construir diques para contener su efecto.
Poco o nada se hizo al respecto. Apenas arrancó el año, los gobiernos y los partidos se interesaron en diseñar y desarrollar los términos y las alianzas de una participación electoral exitosa, sin considerar las condiciones del terreno donde ésta se desplegaría.
Desde el principio, se interesaron sólo en alzar la copa del torneo sin advertir que si no hay cancha, no hay torneo, y si no hay torneo, no hay copa.
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En la obsesión de conquistar plazas y posiciones en razón del poder que deja el control de recursos y de posicionarse mejor de cara a la elección presidencial del 2012, todo fue mirar la coyuntura electoral. De lado quedaron las reformas estructurales, los acuerdos políticos para garantizar estabilidad y gobernabilidad e, incluso, la creación de condiciones para asegurar la cancha electoral.
La miopía hizo voltear a ver al aliado y al adversario para la temporada, buscar al candidato con posibilidades de ganar aunque su trayectoria fuera una estela de sospechas. En breve, el esfuerzo se puso en ganar a como diera lugar. Así, increíblemente, provocaron -aun sin haber empezado el torneo- confrontaciones, fracturas y divisiones hacia afuera y hacia adentro de sus respectivas organizaciones. Veracruz y Aguascalientes fracturaron al PAN, Sinaloa al PRI, Zacatecas al PRD y nada importó jugar con candidatos reciclados. Se buscaba ganar... a cualquier costo.
En la perspectiva de la próxima elección presidencial y del resultado de la anterior elección intermedia, gobiernos y partidos entendieron los concursos de este año como un asunto de sobrevivencia para conservar o conquistar, según el caso, la residencia de Los Pinos. Pero de tal magnitud fue la miopía, que se pasó por alto un detalle fundamental: sin hábitat, por grande que sea el anhelo, no hay sobrevivencia posible.
Actuaron como aquellos que reclaman salvar al oso blanco, sin preocuparse por el deshielo del casco polar.
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Hubo más de un aviso criminal que advirtió de las condiciones del terreno electoral, pero aun así desatendieron el problema. Lo ocurrido, ahora, en Valle Hermoso, Tamaulipas, les preocupa pero no al punto de ocuparlos. Les pone de punta los pelos, pero ellos juran que así es su peinado.
Los tambores de "guerra sucia" electoral sonaron desde principios de año en Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Los cañones de "guerra criminal" tronaron, de hecho venían haciéndolo de tiempos atrás, en Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Gobiernos y partidos nada oyeron, nada vieron, nada supieron, siguieron en lo suyo como si el eventual descarrilamiento de algún proceso electoral fuera una leyenda. Hoy, la leyenda se torna en peligrosa realidad.
Sólo imaginar que en este estado o aquel municipio la violencia política o criminal lleve a la suspensión de la elección, la derrota no quedaría circunscrita al ámbito de ese territorio o de ese partido que ya se ve con la copa del torneo entre las manos. No, la derrota golpearía brutalmente al Estado en su conjunto y, desde luego, pondría en un predicamento a la democracia que no acaba de asentarse y menos de mostrar su eficacia.
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Mañana se entra de lleno en la temporada electoral. El solo resultado del concurso determinará los términos del fin del sexenio pero si a él se agrega la turbulencia que el crimen político o el crimen organizado pudieran provocar, sin duda, el Estado se verá en un apuro y la democracia más angosta.
¿Harán algo los gobiernos y los partidos o seguirán confundiendo las urnas electorales con las urnas fúnebres?
