La canciller Patricia Espinosa criticó a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien vinculó el fenómeno migratorio mexicano con el crimen organizado y el narcotráfico.
"Hay iniciativas que pretenden criminalizar a los migrantes, y no reconocen sus aportaciones a la sociedad estadounidense", respondió la funcionaria.
Asimismo, la canciller dijo que se pretende distorsionar el fenómeno migratorio vinculado con la delincuencia organizada.
Por su parte, Julián Ventura subsecretario para América del Norte, lamentó y rechazó las declaraciones que hizo hace unos días la gobernadora de Arizona, ya que se ignora realmente, la contribución a que los mexicanos hacen a la economía, a la cultura y a la sociedad de Estados Unidos.
El funcionario llamó a entender bien cuál es el aporte de los mexicano día con día en los Estados Unidos.
Ambos funcionarios asistieron a la inauguración de la 77 jornada informativa del Instituto de los Mexicanos en el Exterior: ventanillas de salud.
En su intervención, José Ángel Córdoba Villalobos, informó que en Estados Unidos hay 12 millones de migrantes, de los cuales siete millones son mexicanos que radican de manera ilegal, que de éstos dos millones no cuentan con seguros médicos ni con acceso a los servicios de salud.
Ante este panorama, Córdoba Villalobos anunció que los migrantes que radican en la Unión Americana podrán afiliarse junto a sus familias al Seguro Popular.
MILLONES DE
MEXICANOS
Están
Ilegalmente en EU.
Analizará Corte de EU la Ley Arizona
La Suprema Corte de Estados Unidos ingresó ayer al acalorado debate nacional sobre los inmigrantes sin papeles, al acceder a analizar una impugnación presentada por grupos empresariales y defensores de los derechos civiles contra una Ley de Arizona que castiga a aquellos patrones que contraten indocumentados.
Los jueces aceptaron una apelación presentada por la Cámara de Comercio, la Unión de Libertades Civiles estadounidense y otros grupos a un fallo de una Corte de menor alzada que avaló la Ley de Arizona.
En el caso que evalúa la máxima Corte, la Cámara y la Unión de Libertades Civiles argumentan que Arizona y otros estados que han impuesto leyes similares están sobrepasando su autoridad. Sostienen que sólo el Congreso puede legislar en materia migratoria.
