El conflicto post electoral de la elección presidencial de 2006 empezó en octubre de 2003, cuando los coordinadores parlamentarios del PRI, PVEM y PAN decidieron conformar el Consejo General del Instituto Federal Electoral excluyendo al resto de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.
La actuación de la autoridad electoral en un proceso electoral competido siempre será controvertida, por ello la integración de un órgano de dirección que cuente, en su conjunto, con el beneplácito de todas las fuerzas políticas es crucial, pues de lo contrario un resultado desfavorable a la fuerza marginada del consenso en el proceso de designación, se convierte en una arma para ésta, durante la confrontación post electoral como sucedió en 2006.
En octubre de 1996 se logró conformar un Consejo General que contó con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados; esa fue una de las fortalezas del órgano que organizó las elecciones legislativas de 1997, presidenciales de 2000 y legislativas de 2003; dicho órgano además logró ganarse la confianza de la ciudadanía durante el ejercicio de su mandato. Ese consenso se perdió siete años después y las consecuencias se pagaron a partir de julio de 2006.
Tras la reforma electoral de 2007 y 2008, se han designado a 6 de los 9 integrantes del Consejo General que dirigirá la elección de 2012 y, hasta hoy, todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara han votado favorablemente, sin embargo, falta la prueba definitiva: la designación de tres consejeros electorales antes del 30 de octubre.
La situación es complicada porque los precedentes del cuotismo partidista dificultan la tarea de complacer a todas las fuerzas políticas. En la designación de 2003, las únicas fuerzas políticas que participaron del reparto fueron PRI y PAN, aunque el primero le cedió un espacio a su aliado el PVEM, de tal forma que el tricolor postuló y respaldó a cinco de los consejeros, incluyendo al consejero presidente, aunque uno de ellos era en realidad propuesta del verde; y el PAN, cuatro.
En febrero de 2008, en la renovación anticipada del consejero presidente y dos consejeros electorales, el reparto fue de uno a cada una de las tres fuerzas políticas con mayor participación electoral: PRI, PAN y PRD; lo mismo sucedió en junio de 2008. Para permitirle al PRD ocupar dos espacios, PRI y PAN han cedido uno de sus espacios,
La situación se complica en esta renovación, por dos razones: una, el cambio total en la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados: el PRD mantuvo sólo 70 diputados, 50 menos que en la anterior legislatura; el PAN se quedó con 142 diputados, 64 menos; y la recuperación priista, que alcanzó 237 diputados, 131 más, lo que lo convierten en el único grupo parlamentario que hoy puede bloquear por sí mismo un acuerdo por tener más de una tercera parte de los diputados; y, dos, la división de la izquierda, lo que hace que hoy las posturas del PRD y el PT sean diferentes, lo cual los debilita en su poder negociación, pero además lleva a que en realidad sean cuatro y no tres, los negociadores.
Por otra parte, se habla de que el PRI exigirá que le repongan sus dos posiciones y, nuevamente, ellos se arreglarían internamente con el verde; y el PAN, también desea reponer su posición; lo que deja totalmente fuera del reparto de posiciones al resto de los partidos. Esta posibilidad conduciría a que en la integración final del Consejo el PRI tuviera 4 propuestas; el PAN, 3; y el PRD, 2, lo cual corresponde relativamente con el número de curules que actualmente tienen en la Cámara, ya que el PRI tiene el 47.4% de las curules y tendría el 44.4% de los consejeros; el PAN, con el 28.4 de los diputados, el 33.3 de los consejeros; y el PRD con el 14% de legisladores, el 22% de consejeros. El problema es que este arreglo que puede parecer equitativo, sería el preludio de un nuevo conflicto post electoral, cuyas proporciones todavía es imposible anticipar en estos momentos.
Así de alguna manera las características de la próxima sucesión presidencial se empezarán a definir en este mes de octubre, pues el jueves 30 de septiembre se emitió la convocatoria para "el proceso de selección de candidatos para ocupar el cargo de consejeros electorales", que debe concluir a más tardar el 30 de octubre, para que los nuevos integrantes asuman sus cargos un día después. Un consenso entre las tres principales fuerzas políticas, que incluya a los diputados petistas, sería un fuerte antídoto contra las protestas post electorales; la reedición de los desacuerdos de 2003, sería echarle gasolina a la hoguera.
Todo el análisis está enfocado en el beneplácito de las fuerzas políticas para la designación de los consejeros; la partidización del órgano electoral, bajo la simulación de una supuesta ciudadanización, a través del reparto de las posiciones en el órgano máximo de dirección del IFE entre los partidos políticos bajo el sistema de cuotas, hace inútil cualquier otro ejercicio. En esto nada tiene que ver la autonomía del órgano electoral, mucho menos toma en cuenta la capacidad de los integrantes del órgano de dirección ni las posibilidades de que hagan una adecuada conducción del proceso electoral.
Los partidos políticos y sus personeros en el Congreso, ya revirtieron el proceso de ciudadanización del órgano electoral, esperemos al menos que los diputados logren construir los consensos necesarios para lograr una conformación que no aliente la confrontación.
