La moral... pertenece siempre
Al reino de la libertad,
No al del control.
Fernando Savater
N una entrevista el 16 de agosto el cardenal Juan Sandoval Íñiguez dijo que no tenía pruebas de que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, había sobornado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que dieran su fallo sobre los matrimonios de homosexuales. El prelado aclaró que lo que tenía era "una sospecha". Los ministros, añadió, "no tienen otro motivo para aprobar lo que aprueban más que les den dinero". Cuando le pregunté si no pensaba que los ministros pudieron votar como lo hicieron por pensar que la decisión era correcta, el cardenal respondió: "No creo que vayan a pensar eso... nunca van a pensar eso, que es correctamente jurídico."
El arzobispo de Guadalajara, sin embargo, tiene un vocero que -como hacía Rubén Aguilar con Vicente Fox cuando éste era presidente-- explica lo que en realidad quiso decir su jefe. Según Antonio Gutiérrez Montaño, el cardenal sí tiene pruebas de sus acusaciones: "Sí hay sustento -afirmó el 17 de agosto-. El cardenal estaba hablando con un fundamento: la información que él tiene. Y no sólo él está enterado, también otras personas." En otras palabras, el cardenal dice que no tiene pruebas, pero su vocero afirma que sí.
Las propias palabras del cardenal fortalecen el sustento de la demanda por daño moral que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México presentó ayer en su contra por haberlo acusado de "maicear" a los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Si bien la difamación y la calumnia han sido ya derogadas del Código Penal en el Distrito Federal, el Artículo 1916 del Código Civil establece como daño moral que se impute un hecho "calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa". En este tipo de casos quien acusa debe aportar las pruebas de su dicho. Si el cardenal no las tiene o no puede aportarlas, los jueces tendrán que suponer que la imputación es falsa.
Los obispos mexicanos han protestado por lo que consideran una violación a su derecho a la libertad de expresión. En un comunicado que se dio a conocer ayer ratificaron su desacuerdo con la decisión de la Corte de avalar la legislación del Distrito Federal sobre los matrimonios entre homosexuales, pero añadieron: "Lamentamos que al manifestar estos conceptos en la opinión pública, existan quienes recriminen y amenacen alertando la intolerancia, cuando la tolerancia es la posibilidad de que todos expresemos nuestra opinión y posiciones. Por eso expresamos nuestra solidaridad y nuestro sentir a los señores cardenales Norberto Rivera Carrera y Juan Sandoval Íñiguez".
Nadie, sin embargo, ha cuestionado a los prelados de la Iglesia por expresar sus puntos de vista. La demanda del jefe de Gobierno tiene una razón completamente distinta. El daño moral se está cometiendo no por objetar un fallo de la Corte, a lo que cualquiera tiene derecho, sino por afirmar sin pruebas que el jefe de Gobierno del Distrito Federal sobornó a los ministros.
Yo me cuento entre quienes sostienen que la Iglesia tiene derecho a expresar su punto de vista sobre este o cualquier otro tema. Pero los sacerdotes deben ser sujetos de las mismas leyes que se aplica al resto de los residentes en el país. Las que castigan la calumnia son tan aplicables a ellos como a cualquiera.
IMSS Y MATRIMONIOS GAY
El director general del Seguro Social, Daniel Karam, anunció ayer que esta institución no aceptará como beneficiarios a los cónyuges de matrimonios entre homosexuales. "A nosotros como servidores públicos nos toca aplicar la ley", dijo. Sólo que la ley obliga precisamente a dar el servicio. Los matrimonios entre homosexuales contraídos en la Ciudad de México son constitucionales, como ha aclarado ya la Corte. Además la fracción XII del Artículo 5 A del IMSS define como beneficiarios al "cónyuge del asegurado o pensionado" sin discriminar nunca por género o preferencia sexual.
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