Van contra Ley. Activistas opositores a la Ley de inmigración de Arizona SB 1070, realizaron ayer en el centro de Phoenix varias manifestaciones y actos de protesta por la Ley Arizona.
El Gobierno de México anunció que apoyará todas las acciones jurídicas que conduzcan a la anulación definitiva de la Ley SB 1070, al señalar que era previsible que el Gobierno de Arizona presentara una apelación contra el fallo de la Corte de Distrito que el miércoles pasado suspendió temporalmente las disposiciones más polémicas de esta norma, que entró ayer en vigor de manera parcial.
Después de que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, presentó la apelación ante un tribunal del Noveno Circuito con sede en California, como recurso para que se aplique la ley en su totalidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que indicó que dará un seguimiento puntual a los procedimientos jurídicos que se desarrollen en torno a este caso.
El paso legal dado por la gobernadora Brewer, busca que se revoque el fallo de la juez Susan R. Bolton, quien decidió impedir a la policía del estado de Arizona investigar la condición migratoria de una persona cuando sea detenida; detener sin orden de arresto a un individuo bajo sospecha de ser indocumentado o requerir que porte documentación que lo identifique como inmigrante; y, a las autoridades estatales, criminalizar el trabajo indocumentado.
Al respecto, la Cancillería indicó que "en respuesta a la decisión del Gobierno estatal de Arizona de apelar la decisión emitida ayer por la Corte de Distrito de Arizona con relación a la Ley SB1070, el Gobierno de México dará seguimiento puntual, tanto a la apelación de la suspensión provisional, como al procedimiento de fondo, a fin de apoyar las acciones tendientes a obtener la anulación de la ley".
Indicó que "la decisión del Gobierno de Arizona de apelar la suspensión provisional otorgada por la Corte de Distrito ante un tribunal del Noveno Circuito con sede en California, era previsible y ya había sido anticipada, ya que toda decisión judicial puede ser impugnada por la parte que resultó desfavorecida".
La SRE recordó que en paralelo a la apelación interpuesta por el Gobierno de Arizona, contra la suspensión provisional, la Corte de Distrito continuará con el desahogo de las siete demandas entabladas para frenar la ley SB1070, como parte del proceso que habrá de seguirse en los siguientes meses ante tribunales estadounidenses para resolver en definitiva la legalidad o inconstitucionalidad de esa legislación, y México mantendrá su apoyo como Amigo de la Corte para aportar argumentos contra la norma.
ATIENDE CANCILLERÍA A 23 EN EL AÑO Aún sin la entrada en vigor de la Ley SB1070 -que comienza a aplicarse este jueves de manera parcial-, la red consular del gobierno mexicano en Estados Unidos ha atendido más de 23 mil casos en Arizona, entre enero y julio de este año, en los que connacionales han requerido asesoría, algún tipo de protección o asistencia por parte de las autoridades.
Un reporte de la SRE dado a conocer hoy, indica que los cinco consulados en Arizona han atendido 19 mil 134 casos de tipo migratorio en los que han estado involucrados mexicanos, siendo la mayor incidencia ante situaciones penales (mil 451 casos) o de derechos humanos (114).
Descartan éxodo de migrantes mexicanos
El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Julián Ventura, dijo que es poco probable que con la entrada en vigor de la ley 1070 en Arizona se registre un éxodo de mexicanos que busquen volver al País.
"No hemos detectado ni prevemos un éxodo o deportación masiva", informó. "Evidentemente, estas legislaciones tienen un impacto inhibitorio, pueden generar inquietud seria en la población, no hemos detectado ese tipo de movimientos".
El funcionario de la Cancillería explicó que es más previsible que se registren desplazamientos al interior de Estados Unidos hacia entidades vecinas con leyes más flexibles para los migrantes.
Con la entrada en vigor de la ley Arizona, Julián Ventura aseguró que los 5 consulados de México en el Estado se encuentran en alerta para vigilar la aplicación de la ley y el comportamiento migratorio.
El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte lamentó que esta clase de iniciativas no favorezcan un debate migratorio, pues no reconocen la aportación de los migrantes a la vida económica y cultural de Estados Unidos.
