50 mil. Unos 50 mil niños viven a las órdenes de explotadores. EL UNIVERSAL
En México, se estima que por cada 10 niños que son robados sólo uno es recuperado, por lo que urge que se tipifique este hecho, como un delito federal y se integren unidades policiacas especializadas de investigación.
Guillermo Gutiérrez Romero, presidente de la Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos, observó que este ilícito, comienza, a presentarse con mayor frecuencia en zonas indígenas del país, donde los padres de familia, no cuentan con documentos o fotografías de sus menores que permitan abrir indagatorias.
El tráfico de personas se ha convertido en la tercera actividad delictiva más lucrativa, después del tráfico de armas y drogas, por lo que se requiere que el Poder Legislativo, reforme las leyes y códigos, para tipificar esta actividad como delito federal.
Hizo ver que en ninguna entidad federativa, se cuenta con un padrón real de reporte de extrañas desapariciones de niños y menores de edad, por lo que las bandas delincuenciales operan con impunidad.
A su juicio, los robos de niños, tienen tres finalidades, una su venta a matrimonios que recurren a la adopción clandestina, otro, su explotación sexual y la tercera, su uso, para extracciones de órganos. Subrayó que la sustracción de infantes de los hospitales, tienen un origen muy marcado, la venta de estos a matrimonios que por diversas causas no pueden tener hijos, por lo que en este renglón, se recomienda que en los hospitales y sanatorios, se asuman medidas más estrictas de vigilancia.
Gutiérrez Romero, expuso que en este tipo de sustracciones, los rangos de edades de los menores, tienen características distintas, puesto que se observa que muchas nuevas parejas de jóvenes, en donde las mujeres buscan conservar su figura, buscan adopciones clandestinas de niños que van de los tres a los seis años de edad.
Destacó que los únicos datos que se tienen, sobre el destino de muchos menores que se reportan como desaparecidos, es que por lo menos 50 mil de ellos, viven en las calles, bajo la explotación de bandas delictivas, sin que se actué, para su rescate.
El presidente de la Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos dijo que no se tienen datos confiables, sobre qué zonas del país, presentan el mayor número de casos, puesto que las procuradurías de justicia no las documentan.
Lo que llama la atención, es que ahora, en la región sur del país, sobre todo entre la población indígena, este fenómeno se comienza acentuar, sobre todo por la dificultad, primero del idioma, que hablan los padres.
Un segundo problema para documentar cada uno de los casos que se hacen públicos, es que los padres de familia, no cuentan con actas de nacimiento, fotografías u otra clase de documentos que permitan integrar expedientes para iniciar su búsqueda, asentó.
