"Mi testigo es el cielo vacío."
Jack Kerouac
Tengo dudas serias acerca de las acusaciones que llevaron a Mario Villanueva, el ex gobernador de Quintana Roo, a la cárcel y que ahora han permitido su extradición a Estados Unidos.
Nunca he tenido confianza en los "testimonios de oídas", los cuales se hacen sin que el testigo haya visto realmente los hechos y que hasta hace algunos años eran inaceptables en cualquier tribunal mexicano. Menos aún creo en ellos cuando son aportados por testigos protegidos o pagados por la autoridad, ya que tales testigos tienen un incentivo enorme para decir no la verdad sino lo que las autoridades quieren. No parece haber, sin embargo, más pruebas en contra de Villanueva que testimonios de oídas ofrecidos por testigos protegidos.
Villanueva parece haber participado en una asociación delictuosa en la que él era el único conspirador. Algunos de los otros supuestos involucrados no han recibido acusaciones y los que sí las enfrentaron han sido exonerados. Valdría la pena reflexionar si realmente puede haber una asociación delictuosa con un solo participante.
Pero aun si suponemos que las acusaciones eran ciertas, y la condena que sufrió Villanueva en México fue correcta, la extradición a Estados Unidos realizada este 8 de mayo parece un intento de castigarlo por segunda vez por delitos por los que ya fue juzgado en nuestro país. Esto sería un proceso inconstitucional en México o en cualquier país del mundo que se precie de un Estado de Derecho.
A Villanueva se le acusó de lavado de dinero así como de delincuencia organizada, asociación delictuosa y delitos contra la salud en las modalidades de introducción, transporte y extracción de cocaína del país. En junio de 2007, el juez tercero de distrito de Toluca, Octavio Bolaños, lo condenó a seis años por lavado de dinero, al parecer porque Villanueva no pudo comprobar el origen de todos sus ingresos; pero lo absolvió de los demás cargos, ya que consideró que los testimonios de oídas no eran prueba suficiente. Como ya había cumplido seis años de cárcel, los que debía cubrir por el delito de lavado de dinero, Villanueva quedó en libertad, pero se le detuvo de inmediato al salir de la cárcel con el fin de ser extraditado a Estados Unidos.
Mientras se ventilaba el juicio de extradición, la PGR apeló la exoneración de Villanueva por delincuencia organizada, asociación delictuosa y delitos contra la salud. El magistrado del segundo tribunal unitario de Toluca, Humberto Venancio, echó para atrás el fallo de primera instancia y encontró culpable a Villanueva de estas acusaciones. Le decretó una pena de cárcel de 36 años, la cual después fue reducida a 28 años y nueve meses.
Si bien ya este fallo permite mantener a Villanueva en la cárcel en México, que es lo que buscaba fundamentalmente la autoridad, el Gobierno mexicano lo extraditó a Estados Unidos donde enfrentrará un juicio por cargos que al parecer son exactamente los mismos por los que ya había sido juzgado en México.
Me imagino que Villanueva no ha sido una blanca paloma. Acumuló al parecer una fortuna que no pudo haber tenido solamente de sus ingresos como gobernador de Quintana Roo. Muchas acusaciones señalan que ejerció el poder de forma autoritaria y a veces ilegal. Ayer Jorge Fernández Menéndez escribía en su columna de Excelsior: "Durante su Administración [Villanueva] se cansó de amenazar, agredir e incluso ordenar muertes de personas que lo denunciaron o investigaron."
Aun así, como ciudadano, no puedo más que inquietarme por el hecho de que una persona pueda ser acusada y encarcelada por testimonios de oídas proporcionados por testigos pagados o protegidos.
Una mujer de escasos recursos de Ciudad Hidalgo, Michoacán, acusada falsamente del homicidio de su hija de seis años, la cual padecía de parálisis cerebral, fue declarada inocente este pasado 7 de mayo. Jovita Acosta Chávez, sin embargo, permaneció un año y medio en la cárcel mientras se llevaba a cabo el juicio.
