"El dinero no te puede
Comprar amigos, pero te ayuda
A conseguir una mejor
Clase de enemigos".
Spike Milligan
Después de presentarse ante la Comisión para el Control del Narcotráfico Internacional, Anthony Placido, subdirector de inteligencia de la DEA, la Drug Enforcement Agency de los Estados Unidos, afirmó que se debe hacer todo el esfuerzo para capturar a los grandes capos del narcotráfico en el Gobierno de Felipe Calderón "porque nadie sabe quién va a ser el próximo y si va a tener las mismas ganas de perseguir a los delincuentes".
No sorprende que la DEA haga esfuerzos porque se mantenga la actual estrategia. Esta agencia del Gobierno estadounidense es una de las principales interesadas en que continúe la situación actual. Después de todo, mientras la gente siga consumiendo drogas y la prohibición genere precios altos y un mercado negro la agencia seguirá recibiendo dinero del erario federal estadounidense.
La DEA, que en 1972 tenía un presupuesto anual de 65.2 millones de dólares y 2,775 empleados, en el 2009 alcanzaba ya un presupuesto de 2,602 millones de dólares y 10,784 empleados (http://www.justice.gov/dea/agency/staffing.htm). Lógicamente hay un interés por parte de esta agencia, y de otras igualmente dedicadas al combate al narcotráfico, para tratar de mantener el statu quo, independientemente de los costos que éste pueda tener en términos de violencia en México o del poco éxito que el esfuerzo pueda registrar en la meta de reducir el consumo de drogas.
El presupuesto de la DEA es bastante superior al de la Procuraduría General de la República de México, cuyo propósito no es sólo combatir el tráfico de drogas sino también el resto de los delitos del fuero federal. El presupuesto programable que está ejerciendo la PGR en este 2010 es de 11,781.5 millones de pesos, menos de mil millones de dólares. La PGR tiene más de 18 mil empleados.
Los gastos de este tipo de agencias generan un interés perverso para mantener la situación que les da origen. Los departamentos gubernamentales que ayudan a los pobres, por ejemplo, necesitan que los pobres sigan existiendo para seguir gozando de sus empleos e ingresos. Las instituciones dedicadas al combate al narcotráfico necesitan que este tráfico ilegal subsista para que no terminen sus ingresos.
Yo no sé, como no lo sabe tampoco Anthony Placido de la DEA, cuál será la actitud del próximo presidente de México ante la lucha contra el narcotráfico. Quizá sea cierto que el presidente Calderón ha sido el mandatario mexicano más decidido a combatir a los capos, el que mayor número de capos ha encarcelado o matado y el que mayores confiscaciones de dinero y de drogas ha realizado. Este esfuerzo, sin embargo, ha hecho que se disparen las ejecuciones en el país sin que se haya registrado, al parecer, una disminución en el consumo de drogas en Estados Unidos o en México.
No todos los posibles candidatos a la Presidencia de la República parecen convencidos de que la estrategia del presidente Calderón es la correcta. Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard han señalado que cambiarían la estrategia sin explicar exactamente qué harían. También el priista Enrique Peña Nieto ha manifestado su insatisfacción con la actual política antidrogas. En Estados Unidos, por otra parte, han empezado a surgir voces que cuestionan toda la guerra contra el narco.
Esto es algo que, por supuesto, puede afectar los intereses de la DEA tanto o más que los del propio narco. De legalizarse las drogas, los narcos encontrarían otras actividades criminales en qué ocuparse. La DEA simplemente desaparecería. Con razón están preocupados.
Andrés Manuel López Obrador enfrentó la situación en 2006. Supuestamente no podía ser candidato a un cargo de elección popular por tener un proceso judicial abierto. Sólo que la PGR no se atrevió a actuar en su contra. No ha sido el caso del candidato del PAN al Gobierno de Aguascalientes, Martín Orozco, a quien se le ha negado el registro como candidato.
