La condena a 30 años de cárcel contra el coronel en retiro colombiano Alfonso Plazas, 'revivió el tabú si los militares que incurren en delitos de lesa humanidad son intocables o no en Colombia', aseguró la politóloga María Jimena Duzan.
La analista dijo que 'para evitar la discusión de fondo -si los militares son intocables cuando cometen delitos de lesa humanidad-, el mundo castrense nos tiene inmersos en la discusión equivocada y nos ha obligado a centrar su problema en el tema del fuero'.
En su columna de la revista Semana, que comenzó a circular este lunes, Duzan apuntó que 'condenas como la de Plazas demuestran que los militares están indefensos, que se acabó con el fuero penal militar, que se destrozó la justicia penal'.
'Por lo tanto, los militares han quedado expuestos a una persecución jurídica infame que busca frenar a la fuerza pública en su lucha' contra las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), puntualizó.
Plazas fue condenado a 30 años de prisión por la justicia tras encontrarlo culpable de la desaparición y ejecución de al menos 11 civiles que salieron con vida de la toma del Palacio de Justicia por parte del desaparecido grupo rebelde M-19, en noviembre de 1998.
El actual coronel en retiro fue quien dirigió el operativo de contra-toma del Palacio de Justicia y fue responsable de las personas que salieron con vida del edificio y que luego fueron declarados como desaparecidos.
En la toma y recuperación del Palacio de Justicia murieron 11 magistrados, 32 civiles, 33 guerrilleros y 11 miembros de las Fuerzas Armadas.
La condena judicial fue cuestionada desde el presidente colombiano Alvaro Uribe Vélez hasta la oficialidad activa de las Fuerzas Militares, además del cuerpo de generales en retiro.
El mandatario y la cúpula militar pidieron un fuero especial para juzgar este tipo de casos al interior de las Fuerzas Militares, lo que fue rechazado por la oposición e incluso por la Organización de Naciones Unidas.
Duzan alertó que los militares, avalados por el jefe de Estado, 'están pidiendo una peligrosa ampliación de su fuero con el propósito de 'blindar' a los mandos militares de los delitos que, por acción u omisión, puedan cometer sus subalternos'.
'Por esta vía se pretende frenar las responsabilidades en la cadena de mando y evitar así que los generales y el presidente Belisario Betancur (quien gobernaba en Colombia al momento de la acción del M-19) terminen con el agua al cuello', apuntó.
La Corte Suprema de Justicia avaló el fallo contra el coronel en retiro y aclaró que Plazas no fue condenado por dirigir la recuperación del Palacio de Justicia, sino por el delito de desaparición forzada.
