Tiene razón el vocero de la Secretaría de Economía cuando señala en una carta a este diario que la homologación de las normas para certificar a productos electrónicos entre México, Estados Unidos y Canadá beneficia a las pequeñas y medianas empresas.
Lo malo es que se le olvidó aclarar que se trata de las instaladas en los países del norte del Hemisferio, para quienes trabaja la dependencia.
De hecho, un día después de publicado el decreto correspondiente, cuyo desaseo jurídico provocaría el planteamiento por parte del Senado de una controversia constitucional ante la Suprema Corte contra el Ejecutivo, la oficina adjunta de la Secretaría de Economía en la embajada de México en Estados Unidos se apresuró a dar la buena nueva a la nación de las barras y las estrellas.
Textualmente, el comunicado en inglés fechado el 18 de agosto pasado señala que "Esta nueva medida reducirá los costos de las compañías de Estados Unidos y Canadá que envían sus productos a México, ya que será eliminado el requerimiento de recertificar esos productos cuando sean importados por el país".
Santa Claus, pues, se adelantó cuatro meses en la magia de las ansias del gobierno mexicano por quedar bien con la Casa Blanca.
El texto subrayaba que el Ministerio de Economía publicó una orden ejecutiva que reconoce la equivalencia con estándar de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad en equipos para el tratamiento; dispositivos electrónicos para su uso en la oficina, y dispositivos electrónicos para su uso doméstico.
Según ello, la medida se apuntala en el artículo 906 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El problema es que la regla de oro, es decir el punto de arranque de ése y todos los acuerdos mercantiles, es la exigencia de reciprocidad... que México soslayó.
Y el problema es que la certificación de las Normas Oficiales Mexicanas tiene como objetivo garantizar la seguridad de los consumidores y del medio ambiente, por lo que todos los países inscritos a la Organización Mundial de Comercio tienen obligación de establecer las regulaciones técnicas-país adecuadas para evitar riesgos a la población.
Y el problema, si le seguimos, es que Estados Unidos utiliza a México como patio trasero para deshacerse de productos electrónicos chatarra. El ejemplo más escandaloso fueron los juguetes contaminados de Mattel que se importaron en 2007 por el fabricante de Estados Unidos directamente de China. Más allá, nuestro país ha sido inundado de productos de dudosa calidad que se producen en naciones asiáticas y se avalan con certificados de laboratorios privados de Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando de luces navideñas, secadoras de cabello, tostadores de pan, licuadoras, ventiladores, focos, calculadoras, televisores, pantallas de LCD, estéreos...
Ahora que la Secretaría de Economía no parece estar coordinada con la de Hacienda cuando habla de que la homologación actúa como atenuante frente al congestionamiento de los recintos fiscales, con la novedad de que los productos electrónicos que llegan al país son importados directamente, sin utilizar recintos fiscales.
Más aún, las empresas afiliadas a la Asociación de Almacenes Nacionales de Depósito que manejan la mayoría de los recintos fiscales tienen como objetivo primordial agilizar el paso de la mercancía.
Y aunque se habla de abaratar costos, lo cierto es que los procesos de certificación en México se realizan en tiempo real y a un costo de 12 mil pesos por todo un lote de productos.
En Estados Unidos el costo de las certificaciones privadas es de 30 mil dólares... que tendrán que seguir pagando los exportadores mexicanos.
Finalmente, la Secretaría de Economía aduce que el regalote a Estados Unidos y Canadá significa un paso adelante para facilitar la absorción tecnológica y se inscribe en la protección a los consumidores, premisas ambas que resultan falsas.
Las innovaciones tecnológicas, llámese iPad, Blackberry, llegan a México justo cuando lo deciden los fabricantes en su ruta de comercialización, con la novedad de que su certificación se agota en cuatro horas.
Por lo pronto, la dependencia encabezada por Bruno Ferrari se saltó las trancas al arrogarse facultades para determinar equivalencias de Normas Oficiales Mexicanas con privadas de Estados Unidos y Canadá. Su nivel jerárquico no es equivalente al de éstas.
El caso es que la controversia constitucional planteada por el Senado apunta a la violación de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la de Procedimiento Administrativo, la de Adquisiciones y Arrendamiento del Sector Público, la de Protección al Consumidor y, de pasadita, se viola el Tratado sobre Obstáculos Técnicos de la OMC, el propio TLCAN y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.
Caravana con sombrero... ilegal.
BALANCE GENERAL
En más de lo mismo del escenario que llevó al Instituto Mexicano del Seguro Social a la fase crítica en que se encuentra, el pleno del Senado está por aprobar un capítulo de la Ley de Ingresos para el próximo año que faculta al organismo a transferir excedentes de los seguros de Invalidez y Vida y de Riesgos de Trabajo al de Enfermedades y Maternidad. Abrir, pues, nuevos agujeros para tapar los existentes. La posibilidad la había planteado el presidente Felipe Calderón en afán de legalizar una práctica que el Instituto realiza desde el año pasado. Se trata, tácitamente, de alargar la agonía del enfermo durante dos o tres años, en afán de que la bomba le estalle al siguiente gobierno.
Una aspirina frente al cáncer generalizado.
OTRA CONTRA MEXICANA
En reclamo de un adeudo de 145 millones de pesos por concepto de derechos por el uso de aeropuertos integrados a su Grupo Aeroportuario Centro Norte, la constructora ICA presentó una demanda contra Mexicana de Aviación y sus filiales Click y Link.
El agravante del asunto es que los recursos fueron cobrados previamente a los usuarios de la aerolínea, lo que vuelve más grave el delito de fraude.
La ira del grupo encabezado por Bernardo Quintana la justifica el que el adeudo abolló sus buenos resultados al tercer trimestre del año, ante un crecimiento de 23.2% de sus ingresos de construcción civil.
ORTIZ A BANORTE
Como lo habíamos anticipado desde antes de su salida del Banco de México, el ex gobernador de éste, Guillermo Ortiz, da el gran salto hacia la banca privada como presidente del Consejo de Administración del grupo financiero Banorte.
Su llegada está prevista para marzo del año entrante, superado el año que exige la ley a los funcionarios públicos del ámbito financiero antes de contratarse en áreas afines, dada la información privilegiada que manejaron.
El actual presidente de la intermediaria, Roberto González Barrera, tendrá carácter de presidente vitalicio.
La coordinación entre Ortiz y el director general del grupo, Alejandro Valenzuela, será tersa, dado que durante años laboraron juntos en la Secretaría de Hacienda.
Por lo pronto, el grupo financiero hiló su quinto trimestre con aumento en sus utilidades netas, en este caso de 20%, frente al mismo lapso de 2009.
La cifra fue de mil 711 millones de pesos.