Aunque jurídicamente el Instituto Mexicano del Seguro Social no está obligado a acatar la resolución, la Suprema Corte de Justicia abrió la puerta a un golpe brutal para quienes cifran su esperanza de vejez digna en una pensión del organismo.
De acuerdo a la interpretación de los ministros integrantes de la Segunda Sala, el monto máximo para cubrir ésta será de 10 salarios mínimos del Distrito Federal, frente a los 25 que señalaba el tope. La ruta alcanza a quienes soliciten su retiro al cumplir la edad prevista en la Ley; a quienes sean cesados por edad avanzada, o quienes sufran accidentes que los incapaciten para seguir trabajando, acogidos todos en lo que ha dado en llamarse la vieja Ley del Seguro Social, es decir que no les alcanzan las cotizaciones para una pensión vía Afore. El golpe, naturalmente, afecta a los trabajadores de medianos ingresos. Si alguno ganaba 32 mil pesos, su pensión será de 13 mil, lo que necesariamente lo obligará a navegar en la economía informal para no ser una carga. Naturalmente, la medida se torna como incentivo perverso para que los trabajadores se mantengan en activo, pese a las circunstancias.
Del tamaño de la injusticia habla la reacción airada de la Confederación Patronal de la República Mexicana, tradicionalmente opositora a lo que considera privilegios excesivos para los trabajadores, quien no sólo obligó al Consejo Técnico del organismo a analizar el asunto en su sesión de ayer, sino realizó un estudio detallado de las repercusiones de la medida.
En la misma ruta el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas habló de plano de que el país está creando empleos sin garantías de pensiones dignas para la vejez.
De acuerdo a su cálculo, la jurisprudencia de la Suprema Corte sacrificó a 30 millones de trabajadores que no tendrán en dos décadas los medios para sobrevivir en su vejez; serán una carga para alguien, o estarán condenados a vivir en la miseria.
Aportar como ricos, para vivir como miserables.
La histórica resolución de la Suprema Corte se dio el nueve de junio pasado, constituyéndose como jurisprudencia por contradicción de tesis. Textualmente, la Segunda Sala asienta en el expediente 85/2010 30, que "resulta claro que el límite superior de 25 veces el salario mínimo regirá y servirá de tope salarial sólo para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte".
El tope estará vigente, de acuerdo a la interpretación de la Ley, para el cálculo de las pensiones que se otorgan bajo el régimen de 1973.
De acuerdo a la Ley del Seguro Social de ese año, el salario base de cotización tiene como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general para el DF, con excepción de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, cuyo límite superior para ofertas de cotización era de 10 veces el salario mínimo general para el DF.
Ahora que para cuantificar el monto de la pensión, de acuerdo al Artículo 167, se consideraría como salario base de cotización el promedio correspondiente a las últimas 250 semanas de cotización.
Hasta antes de la resolución el criterio con que se manejaba el Seguro Social sobre la base de la Ley de 1973, era considerar como salario diario el promedio correspondiente a las últimas 250 semanas de cotización, es decir cinco años, con un límite superior de 25 salarios mínimos del D.F.
En el caso de la Ley del Seguro Social vigente desde 1997, se ubica abiertamente el tope de 25 veces el salario mínimo del D.F.
La Suprema Corte, pues, encontró una interpretación distinta.
Y aunque ninguna disposición puede ser retroactiva en perjuicio de una persona, la gran pregunta es no sólo si el IMSS se atrevería a aplicar el criterio de los señores ministros, sino se ajustarían las pensiones que se pagan con un error en su cuantía, pese a los derechos adquiridos.
Un palo más a los trabajadores.
BALANCE GENERAL
Hasta el fin de semana pasado las señales enviadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones hablaban de suspender indefinidamente la licitación del espectro de la banda de 1.7 gigahercios para telefonía celular, lo que obligó el lunes a Nextel a salir a los medios para presionar al organismo.
En la coyuntura del titubeo de ésta, el grupo Salinas, propietario de Iusacell, le envió una carta a la Auditoría Superior de la Federación para exigirle suspender el concurso, argumentando una pérdida de ingresos al Gobierno de cuatro mil 800 millones de pesos, ante el absurdo de que el binomio Televisa-Nextel se adjudicara una red nacional de 30 megahercios pagando sólo 180 millones 300 mil.
En el intermedio, empero, llegó al escritorio del impugnado presidente del organismo, Mony de Swaan, un análisis del grupo de consultaría Stopel, experto en telecomunicaciones, en el que advertía que "cualquier modificación en los resultados de la licitación no sería bien recibida y afectaría las futuras inversiones en la industria de las telecomunicaciones en México".
Más aún, se hablaba de que "se dañaría de manera irreparable el de por sí endeble entorno competitivo del mercado inalámbrico en México".
El texto resultó algo así como la señal divina esperada para seguir el camino, por más que el resultado se lanzó tímidamente en el perfil del organismo hacia la noche del martes. Consumatum est.
MÁS LÍOS EN GAP
En afán de revancha frente a la medida cautelar otorgada por un juez que exige la restitución como presidenta del Consejo de Administración de Laura Díez Barroso Azcárraga en el Grupo Aeroportuario del Pacífico, los socios españoles de éste, es decir las firmas AENA y Abertis, están convocando a otra asamblea... a celebrarse esta mañana.
La intención es empujar como presidente a Guillermo Díez de Rivera Álvarez, y de pasadita restituir como consejeros "independientes" a José Manuel Gallardo Purón, Ernesto Vega Velasco, Francisco Glennis y Grave, Francisco Javier Fernández Carbajal, León Falic, Jaime Cortés Rocha y Carlos Bravo.
El problema es que el primero no fue propuesto por la Controladora Mexicana de Aeropuertos, es decir el socio mexicano, y los siguientes fueron destituidos con la medida cautelar.
Ahora que los hispanos pretenden desconocer los acuerdos de una asamblea celebrada el 23 de abril, entre ellos una disminución del capital de la empresa.
Como lee usted, el lío va para largo.
SE EXPANDE FERROVALLE
El puerto de carga de Ferrovalle Intermodal de la Ciudad de México aumentará en los próximos meses su capacidad instalada en 25 por ciento ante el crecimiento explosivo del tráfico desde y hacia la capital del país y su área metropolitana.
De hecho, se podrán recibir simultáneamente 330 mil 985 contenedores.
Estamos hablando de la mayor inversión en la materia desde la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México.
