La enfermedad social llamada delincuencia, es un padecimiento que se ha acentuado en la Comarca Lagunera, que además no recibe la atención adecuada por considerarla de menor urgencia -en relación a otras zonas del país- sin tomar en cuenta que las estadísticas nacionales nos afectan al partir los datos en dos entidades federativas diferentes.
La información del fenómeno delictivo fue publicada en agosto del presente año por el Gobierno Federal, y en ella, se señala la evolución y las consecuencias de la desatención al problema. Le comparto información:
Afirma que dos de las principales causas de la inseguridad son: la expansión y fortalecimiento de la delincuencia organizada y la debilidad de las instituciones de seguridad y justicia, fenómeno que inició desde hace décadas, sin recibir la atención y aplicar los remediales que le correspondían; a ello, habrá que sumar las condiciones de empobrecimiento nacional y el desempleo agudizado del presente siglo.
Ahora, el Presidente de México y los Gobernadores electos, firmaron un nuevo pacto que, temo, quede en papel como buenos propósitos.
La historia del desarrollo del crimen organizado inicia desde los ochenta del siglo anterior, cuando se cierra la ruta del Caribe, -desde Colombia a EUA- reorientándose vía México. Las consecuencias naturales fueron: la creación de alianzas, incremento de la violencia y fomento del consumo interno.
Las bandas criminales, buscando controlar mayores áreas, chocaron entre sí y generaron más violencia, corrompiendo a autoridades e involucrando a otros ciudadanos.
En 2004, los EUA, levantaron el veto a la venta de armas de calibres mayores, dando oportunidad a los grupos ilegales de equiparse, muy por encima de las capacidades de fuego de las policías mexicanas; luego, los cárteles, infiltraron a policías y autoridades administrativas mal pagadas y equipadas, además de fragmentadas y descoordinadas.
Por otra parte, las descontextualizadas legislaciones y los ministerios públicos mal preparados y amenazados, terminaron por favorecer la expansión de grupos delictivos que, bajo la sombra de poderosos, incrementaron la inseguridad con alza del índice de incidentes.
Agregue las crisis económicas, mayor desempleo y carestía, que animó a un sector importante de la ciudadanía al subempleo o francamente tener actividades ilícitas.
Los jóvenes sin empleo y sin escuela aumentaron, transformándose en "tierra fértil" para entrenar nuevos delincuentes y hasta gatilleros.
Con el paso de los años, la penetración en la administración pública fue más profunda -"plata o plomo" o "aquí no queremos testigos, sólo cómplices"- terminando por desvirtuar a las organizaciones y sus procedimientos. El paso lógico fue infestar a grupos políticos, desembocando en la pérdida de poder de autoridad del puesto; frecuentemente mandan los criminales y la fuerza ya no es monopolio del Estado.
Ante la inseguridad en México, el vecino del norte reacciona fortaleciendo sus controles fronterizos con medidas poco eficientes, sin atender el problema de fondo, evadiendo dos acciones imprescindibles: control en venta de armas y el consumo interno, acelerando el giro del círculo vicioso: pobreza-delincuencia-narcotráfico.
Las rutas del norte son más peleadas y la inseguridad creció, provocando la intervención del ejército, que también sufre infiltraciones y corrupción; para colmo, los desacuerdos entre partidos políticos, se agregan como otros factores agravantes.
El costo es alto: en vidas humanas se calcula en casi 28,500 homicidios, sin contar los desaparecidos; los cárteles se han fraccionado en una decena de familias y varios grupos menores entrelazados entre los grandes, todos realizando fechorías, generalmente impunes.
La lucha entre los grupos del Pacífico y Ciudad Juárez, es la más violenta, intentando controlar una de las vías importantes a los E.U.A., ofendiendo particularmente a La Laguna, sumándoseles el grupo "Zetas".
Entre los estados federales más violentos aparecen Chihuahua y Durango, en menor grado Coahuila; La Laguna, al formar parte de ellos, estadística y erróneamente no se cuantifica adecuadamente.
A la fecha, las autoridades han logrado golpes importantes en el decomiso de drogas y detención de líderes, pero el esfuerzo por limpiar y capacitar a las fuerzas policiacas sigue siendo insuficiente y las reformas a las legislaciones se dan a pasos lentos, aunque con algunos adelantos, como la "Ley Antisecuestros", que prevé penas de hasta setenta años de prisión.
Terminar con el hampa organizada se ve casi imposible, aunque a largo plazo prevén el control del índice delictivo y los esfuerzos se orientan a limitar los campos de acción y "meter en cintura" a los grupos y sus ramificaciones en zonas donde la inseguridad pública se ve disminuida, esperando favorecer la calidad de vida y reactivación económica de regiones como La Lagunera.
En tanto, es buena medida prevenir infortunios, con mayores medidas de seguridad en personas y familias, particularmente cuidando a nuestros jóvenes, deseosos de convivencia social, quienes se sienten coartados -con razón- en su libertad para deambular en la ciudad y centros de diversión, particularmente por las noches.
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Ydarwich@ual.mx
