El Senado de la República solicitó al gobierno federal informar qué beneficios ha generado la concesión de minas a particulares, y buscar la manera de recuperar los restos de los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, hace cinco años.
En ese sentido, demandó a la Secretaría de Economía rendir un informe detallado donde indique el monto que pagan las empresas mineras por hectáreas de explotación en México, el número de concesiones entregadas y la cantidad de hectáreas que equivalen a las mismas.
De igual manera, la dependencia federal deberá detallar los beneficios que han recibido las comunidades, municipios y estados por la actividad minera.
La discusión de un dictamen sobre las autorizaciones de impacto ambiental a las mineras originó que el PRI, PRD y PAN hablaran del rescate de los mineros atrapados en la mina de San José, en Chile, y la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006.
El senador Ricardo Monreal aseguró que la muerte de los 65 mineros en Pasta de Conchos 'contrasta con lo que sucedió en Chile, donde no sólo gobierno y empresarios se unieron para rescatar a los mineros, sino que también se muestra que ahí no priva el capitalismo de cuates'.
'En México es todo lo opuesto, pues los familiares de las víctimas dijeron que la empresa Minera México no cumplía con las normas de higiene y seguridad para los mineros, que a la postre detonó el accidente', añadió el legislador del Partido del Trabajo (PT).
Por ello, exigió que 'el crimen de Pasta de Conchos no quede en la impunidad, se reabra la investigación y se rescaten los cuerpos, que por incapacidad, torpeza y mala fe se mantienen sus cuerpos en las profundidades de la mina'.
Además, criticó que en México se paguen cinco pesos por hectárea de concesión minera, por lo que exigió al Senado que legisle 'para beneficiar a los estados y municipios'.
En su turno, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo García Cervantes, admitió que 'no hay ley que obligue a las empresas mineras a invertir un porcentaje de sus utilidades en beneficio de las comunidades.
'Todos estamos preocupados por esta situación, que requiere una revisión profunda', destacó.
A su vez, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Arroyo, criticó la actitud de la empresa canadiense Gammon Gold por cerrar la mina 'El Cubo', en Guanajuato, antes que aceptar las peticiones de los mineros de que haya mejores condiciones de seguridad.
Aseveró que por ese motivo trabajadores se fueron a la huelga, y en respuesta 'la empresa, de origen canadiense, les rescindió el contrato laboral'.
El senador guanajuatense denunció que la empresa ha recibido toda clase de apoyos por parte de la Secretaría del Trabajo, y que ésta, en un comunicado, argumentó que se trataba de un 'chantaje de los trabajadores'.
