El Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso una demanda contra el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, por negarse a cooperar con una investigación de derechos civiles sobre prácticas policiales y carcelarias cárcel.
Arpaio, conocido en todo el país por sus agresivas medidas contra la inmigración indocumentada, fue acusado de estorbar en la investigación federal que se sigue en su contra por acusaciones de violación a los derechos civiles.
La demanda fue presentada este jueves en la Corte Federal en Phoenix y en ella se acusa también a la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa.
Un abogado representante de la Oficina del Alguacil dijo la semana pasada que esa corporación cooperará con los investigadores federales, pero que eso no implica el acceso automático a materiales considerados más allá del alcance de las leyes de derechos civiles.
El Departamento de Justicia decidió demandar a Arpaio y su oficina luego de semanas de intercambio de cartas oficiales entre ambas instancias y una reunión en Washington la semana pasada entre abogados para discutir la investigación.
Un vocero del Departamento de Justicia dijo que no hay precedentes de una corporación policial que se niegue a cooperar con una investigación sobre derechos civiles.
Esta es la primera vez que el Departamento de Justicia interpone una demanda para lograr el acceso a los documentos e instalaciones, indicó el vocero.
La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia investiga desde marzo de 2009 la conducta de Arpaio en medio de acusaciones por discriminación y allanamientos inconstitucionales en relación con las prácticas de control migratorio aplicadas por el alguacil.
La investigación se realiza bajo la autoridad del Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación relacionada con los programas que reciben fondos federales.
La falta de cooperación del alguacil podría costar al condado de Maricopa millones de dólares de fondos federales que no serían otorgados.
En 2009, el condado recibió 113 millones en fondos federales, de los cuales 3.8 millones fueron para la Oficina del Alguacil. Dichos fondos serían eliminados si persisten dudas sobre prácticas discriminatorias.
Arpaio argumenta que la investigación en su contra se debe a sus redadas de inmigración.
El alguacil niega las acusaciones de discriminación por perfil racial, al sostener que sus agentes sólo detienen a personas en casos de que se tenga causa probable para creer que han cometido delitos.
