El alcalde local, Ezequiel Orduña Morga, y otros funcionarios municipales fueron demandados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la presunta destrucción de rampas para discapacitados y protecciones peatonales.
José Antonio Constantino Cordero, en voz de las personas con capacidades diferentes, dijo que la autoridad municipal ordenó destruir rampas que se encuentran en calles del centro de la ciudad, para colocar en esos lugares más comercio ambulante.
En entrevista, comentó que el organismo abrió por esos motivos el expediente CDH/250/2010, que quedó en la Visitaduría General y de Asuntos Fronterizos.
Explicó que en reiteradas ocasiones acudieron ante los funcionarios municipales para explicarles el problema que representa a las personas con alguna discapacidad, sobre todo motriz, poder trasladarse en las calles del primer cuadro de la ciudad.
Esto porque los comerciantes de puestos semifijos y ambulantes, que calcula han crecido hasta en un 200 por ciento en los últimos dos años, se han apoderado de las banquetas y hasta de gran parte de las arterias vehiculares de todo ese sector.
Expuso que al no encontrar respuestas positivas por parte de las autoridades municipales, en torno a construir rampas para ese tipo de personas en las calles cercanas a la Presidencia Municipal, vecinos y comerciantes establecidos decidieron construirlas con sus propios recursos.
Esto, agregó, originó la molestia de los ambulantes, quienes se manifestaron en días pasados para exigirle al ayuntamiento que no permitiera que se construyeran más rampas y protecciones, porque atentaba contra sus intereses personales y de algunos pseudolíderes.
Derivado de ello, mencionó que fueron notificados por los funcionarios municipales de que el alcalde los emplazaba para que destruyeran esas rampas para discapacitados y retiraran a la vez las protecciones.
"Nunca jamás habíamos escuchado que en México, y sobre todo en Chiapas que publicita a cada rato la defensa de los derechos humanos, que las mismas autoridades abusaran del poder para atentar en contra de quienes requerimos, por nuestras incapacidades físicas, de ese tipo de infraestructura para trasladarnos", indicó.
El reclamo fue dirigido también al gobierno federal, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como diversos organismos nacionales e internacionales defensores de las personas con alguna discapacidad.
