A unos cuantos días de dejar el poder, el gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, está siendo demandado por el delito de fraude en agravio de una institución financiera, quien le otorgó a su gobierno un préstamo para renta de equipos de seguridad... que nunca llegaron.
La querella se plantea por doble vía: penal y mercantil, involucrando al ex secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Roberto Ortega Jiménez, además del ex secretario de Finanzas, Raúl Cuadra García, actual diputado federal.
La manzana de la discordia es la desaparición de los 94 millones de pesos facilitados por la intermediaria... más los intereses correspondientes en dos años de ruta.
Lo grave del caso es que, planteados los reclamos contra el Gobierno de la entidad federativa al margen de quienes gestionaron a su nombre el débito, el problema quedará como herencia negra para el gobernador electo, en este caso el priista Carlos Lozano. El asunto lo habíamos advertido en este espacio desde el 18 de mayo pasado ("Volaris no... por lo pronto"), señalando que la oposición en el Congreso preparaba la demanda correspondiente.
Sin embargo, hete aquí que "arreglada" ésta, quien acudió a los tribunales fue el propio banco afectado.
La historia se inserta como un capítulo más del clima de zozobra del país ante la decisión unilateral del Gobierno de declararle una guerra sin estrategia al crimen organizado.
Digamos que en la coyuntura el gober Reynoso, a quien hoy se intenta expulsar de su partido por supuesta traición al apoyar la causa priista en su sucesión, ideó blindar la entidad federativa.
Según ello, había pactado el arrendamiento con fines de compra, en agosto del 2008, vía la empresa Rent Trade, de equipos blindados, equipos de cómputo con software de seguridad y sistema de escucha, y vehículos de rayos X y equipo nuclear para detectar armas ocultas.
No habría, pues, rendija alguna que no otearan la policía estatal o las municipales.
Aguascalientes, pues, a la vanguardia de las entidades federativas del país en materia de seguridad. Casi el paraíso.
Con el supuesto contrato en la mano, los funcionarios pactaron con el banco el préstamo de la discordia.
El problema es que los equipos nunca llegaron a escena.
El dinero, depositado en las arcas públicas, pues, se esfumó. Y háganle como quieran.
Por lo pronto, la intermediaria defraudada presentó dos demandas ante el juzgado sexto y el 72 de lo Civil del DF (expedientes 1044/2010 y 1045/2010), que podrían desembocar en una orden de embargo contra el Gobierno de Aguascalientes.
En paralelo, existe una denuncia penal ante la Fiscalía para la Atención de Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Averiguación Previa FDF/T/3/974/10-08), contra los funcionarios involucrados, a quienes se acusa de fraude genérico.
Se diría, pues, que el destino de Reynoso Femat al día siguiente de dejar su gobierno, podría ser no sólo su expulsión de las filas panistas, sino la cárcel.
Ahora que su delfín priista no sólo le agradecería la corona, sino el haberle heredado el problema y el escándalo.
¿Alguien hablaba de gobiernos panistas de manos limpias?
BALANCE GENERAL
Liberado a medias por la Suprema Corte de Justicia de su responsabilidad en el escenario que propició el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, cuyo saldo fue la muerte de 49 niños y docenas de heridos con secuelas irreversibles, el Waterloo del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, pareciera no tener fin.
Ayer el sindicato de trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación que encabeza Miguel Ángel Yúdico Colín presentó una denuncia penal contra el funcionario ante la Procuraduría General de la República, por sus supuestas omisiones en el caso de la línea aérea, en paralelo a la decisión del gobierno de Estados Unidos de degradar a México en materia de seguridad de su espacio aéreo.
Este último explica que la querella hable de "presuntos hechos ilícitos en agravio de la soberanía nacional, de 100 mil trabajadores de la aviación, así como del patrimonio del país".
Ahora que mañana la empresa Iusacell presentará una ampliación de denuncia contra el funcionario ante la Fiscalía de Delitos de Servidores Públicos por el caso de la licitación 21 del espectro de telefonía celular que le permitió a la empresa NII Digital, integrada por Televisa y Nextel, la posibilidad de una red nacional de telefonía digital cubriendo sólo una contraprestación inicial de 180.3 millones de pesos, es decir, 20 veces menos de su valor reconocido por la competencia.
VEINTE AÑOS NO ES NADA
En un inaudito más de una larga cadena, ahora resulta que Petróleos Mexicanos pretende alargar durante 20 años adicionales los contratos con que favoreció a la empresa Mexicana de Lubricantes en 1993, a la privatización parcial de las plantas productoras de aceites y lubricantes de la paraestatal.
Estamos hablando de exclusividad para venta de sus productos en la red de gasolineras de la empresa pública; suministro de aceites básicos, y uso de la marca Mex Lub.
De acuerdo a lo pactado, éstos se vencen en enero de 2013.
Lo curioso del asunto es que quien orquesta la maniobra es el ex secretario de la Función Pública y ex dirigente panista, Germán Martínez.
De hecho, se dice que en su nueva función de gestor de la empresa de capital mixto, ya convenció al director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel.
El problema es que desde 1998 Mexicana de Lubricantes no le entrega un solo peso de utilidades a su socio minoritario, es decir, la empresa pública.
De hecho, la oposición en el Senado está preparando una querella frente a lo que aduce como "fraude millonario" contra el patrimonio nacional.
BOTE A MINEROS
Ayer un juez penal de Hermosillo libró órdenes de aprehensión contra siete integrantes de la Sección 65 del sindicato minero a los que se acusa de haber destruido el archivo histórico de la ciudad de Cananea.
Según ello, los mineros provocaron un incendio al fragor de una inspección ministerial en las instalaciones de Mexicana de Cobre que alcanzó al recinto en resguardo de documentos que datan de la época virreinal, además de reconocimientos a generales destacados en la época de la reforma y durante el gobierno de Porfirio Díaz.
Éstos estaban firmados por éste y en su época por el presidente Benito Juárez.
De acuerdo al artículo 187 del Código de Procedimientos Penales de Sonora, no hay posibilidades de libertad bajo fianza.
TODOS CON VERACRUZ
El bálsamo frente a la tragedia que vive Veracruz tras el paso violento del huracán Karl, es la solidaridad de una docena de empresas privadas.
Mientras Banorte y Banamex ofrecen duplicar los donativos de la sociedad civil, Maseca ha enviado toneladas de tortillas; Femsa agua embotellada, y Genomma Lab más de un millón de productos de higiene personal, que alcanzaron también a Tabasco.
A su vez, el consorcio Agro Industrias de México y su filial Granjas Carroll donó miles de litros de agua purificada y pañales, además de invertir en la rehabilitación de caminos rurales.
Albertobach@yahoo.com.mx
