La Alianza Minera Nacional (AMN) solicitó al gobierno mexicano inicie una nueva etapa de negociación con las autoridades de Canadá para que se cumpla la extradición de Napoleón Gómez Urrutia, solicitada hace año y medio y que se ha mantenido como letra muerta. (Archivo)
La Alianza Minera Nacional (AMN) solicitó al gobierno mexicano inicie una nueva etapa de negociación con las autoridades de Canadá para que se cumpla la extradición de Napoleón Gómez Urrutia, solicitada hace año y medio y que se ha mantenido como letra muerta.
Héctor Jiménez Coronado, coordinador general de la AMN, disidente del sindicato minero, dijo que continúa vigente el proceso penal contra Gómez Urrutia, quien está acusado de los delitos de fraude, violación a la Ley de Instituciones de Crédito, lavado de dinero y asociación delictuosa, por lo cual debe ser traído y juzgado en México.
En entrevista, puntualizó que las autoridades mexicanas deben adoptar una postura más firme para exigir a sus homólogas de Canadá que se cumpla la solicitud de extradición enviada el 30 de diciembre de 2008.
En la petición girada por la Secretaría de Relaciones Exteriores se señala que Gómez Urrutia es presunto responsable de diversos delitos en perjuicio de los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
El dirigente de la AMN, que reúne a 14 mil de los 30 mil integrantes del sindicato minero, indicó que se mantienen las investigaciones en contra de Gómez Urrutia por la comisión de diversos delitos, por lo cual es falso que este individuo haya sido exonerado, como trata de difundir el Comité Ejecutivo Nacional de ese gremio.
Planteó que, aun cuando el grupo de incondicionales de Gómez Urrutia recientemente difundió que la tercera sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal eliminó los cargos contra el dirigente, éste no queda exonerado de las acusaciones que se le imputan en el orden federal.
Sobre este punto, explicó que se mantienen las acusaciones en su contra por el delito federal de violación al Artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, por el inadecuado manejo del fideicomiso minero, mediante el cual se indemnizaría a trabajadores de Cananea.
'De manera totalmente ilegal, Gómez Urrutia decretó la desaparición del fideicomiso administrado por Scotia Bank, mediante el cual se administraban recursos por 55 millones de dólares que debían ser entregados a mineros de Cananea', expuso.
Jiménez Coronado agregó que esa 'situación no ocurrió totalmente y, por lo tanto, se presume un desvío a sus cuentas personales por alrededor de 33 millones de dólares'.
Adicionalmente, Gómez Urrutia enfrenta una investigación de la Procuraduría General de la República por lavado de dinero, debido a que existen sospechas de que parte de su cuantiosa fortuna tiene procedencia ilícita, indicó.
Jiménez Coronado planteó que el gobierno de Canadá debe investigar con detalle cuál es el origen de los recursos con los cuales Gómez Urrutia compró la cadena de restaurantes Nuba Group, en la ciudad de Vancouver, Canadá, en donde se encuentra prófugo desde 2006.
Respecto de la versión del CEN del sindicato minero en el sentido de que su dirigente ya puede regresar al país, debido a que supuestamente fueron retiradas todas las acusaciones en su contra, expuso que 'si la ley se cumple, deberá ser aprehendido por todos los cargos penales que enfrenta, en caso que retorne a México'.
